Problemas del Derecho Internacional Privado de los Estados Parte de la Alianza del Pacífico para brindar un marco adecuado a fin de alcanzar un incremento de las operaciones económicas entre sus habitantes

JAIME GALLEGOS ZÚÑIGA

SUMARIO: I. Introducción. II. Fuentes convencionales o internacionales. III. Fuentes autónomas o internas.

IV. Conclusiones.

Resumen. La Alianza del Pacífico es un esquema de integración subregional, compuesto por Chile, Colombia, México y Perú, que busca, entre otros objetivos, un libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas entre sus Estados Parte. Este trabajo busca, fundamentalmente, exponer si más allá de los tratados de libre comercio que la sustentan como instrumentos de Derecho Internacional Público, la normativa de Derecho Internacional Privado, resulta propicia para dar los debidos márgenes de certeza a fin de incrementar las operaciones económicas entre los habitantes de sus Estados Parte, atendiendo para ello a las fuentes convencionales o internacionales aplicables a todos ellos, y también a algunos aspectos generales de las normas internas que deben tenerse en cuenta para resolver preguntas básicas de la disciplina, tales como: Tribunal Competente y Derecho aplicable. Al revisar la preceptiva citada quedan en evidencia sus falencias, lo cual demanda que los Estados asuman posturas decididas para uniformar, o al menos, armonizar las reglas que norman las relaciones privadas internacionales, para brindar mayor certeza a los operadores de este espacio subregional.

Palabras clave: Alianza del Pacífico, Derecho Internacional Privado, Tribunal Competente, Derecho Aplicable, Arbitraje Comercial Internacional.

Abstract. The Pacific Alliance is a subregional integration scheme, composed of Chile, Colombia, Mexico and Peru, which seeks, among other objectives, a free flow of goods, services, capital and people between its Party States. This work fundamentally seeks to expose whether, beyond the free trade agreements that support it as instruments of Public International Law, the regulations of Private International Law are conducive to providing the due margins of certainty to increase economic operations among the inhabitants. of its State Parties, taking into account the conventional or international sources applicable to all of them, and also some general aspects of the internal regulations that must be taken into account to resolve basic questions of the discipline, such as: Competent Court and Applicable Law. When reviewing the aforementioned mandatory, its shortcomings become evident, which demands that States assume decisive positions to standardize, or at least, harmonize the rules that govern private international relations, to provide greater certainty to the operators of this subregional space.

Keywords: Pacific Alliance, Private International Law, Competent Court, Applicable Law, International Commercial Arbitration.

I ] Introducción

En América Latina, aun cuando ha habido intentos que se han arrastrado por muchos años, falta uniformidad¹ en las normas que regulan las relaciones con elementos internacionales relevantes. Sobre este punto, se ha afirmado que el fracaso de las naciones latinoamericanas para establecer el libre comercio entre ellas obedece, entre otros motivos, al estado subdesarrollado del Derecho Internacional Privado en el campo de los contratos².

La Alianza del Pacífico es un esquema formado en 2012, que congrega a Chile, Colombia, México y Perú que, de conformidad con el artículo 3.1. de su Acuerdo Marco busca construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Para alcanzar ello se cuenta con un Protocolo Adicional³, que contiene distintas disposiciones usuales de los tratados de libre comercio, cuestiones propias del Derecho Económico Internacional, que contemplan compromisos de los Estados en el flujo internacional de bienes y servicios, fundamentalmente.

Ahora bien, no obstante que se ha indicado que se busca fomentar los intercambios, hasta el momento, no se ha avanzado en dictar normas conjuntas o armónicas que regulen las relaciones privadas económicas dentro de este espacio subregional.

El objetivo de este estudio es revisar qué instrumentos, dentro del campo del Derecho Internacional Privado, tienen en común los cuatro Estados Parte, pasar revista a aquellos que solamente vinculan a algunos de ellos, y también exponer algunos aspectos de cierta preceptiva autónoma o interna atingente, para ponderar si actualmente existe un marco adecuado, que dé ciertos grados de certeza a los agentes económicos que quisieran proyectar sus actividades dentro del espacio subregional creado.

II ] Fuentes internacionales

1. Fuentes globales

A nivel global, encontramos algunos instrumentos en vigor o recogidos por los cuatro Estados en análisis, como pasamos a revisar.

a.- Convención de La Haya de la apostilla

En lo que se refiere al Convenio, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, podemos decir que éste se encuentra en vigor⁴ en México, desde 1995, en Colombia, desde 2001, en Perú, desde 2010, y en Chile, desde 2016.

b.- Convención de Viena, de 1980, sobre compraventa internacional de mercaderías

Por otro lado, la Convención de Naciones Unidas, sobre compraventa internacional de mercaderías, celebrada en Viena, en 1980, se encuentra en vigor⁵: en México, desde 1989, en Chile, desde 1991, en Perú, desde 2000, y en Colombia, desde 2002.

c.- Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de Nueva York, de 1958

A su vez, la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, celebrada en Nueva York, en 1958, se encuentra en vigor⁶ en México, desde 1971, en Chile, desde 1975, en Colombia, desde 1979, y en Perú, desde 1988.

d.- Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional

Luego, relacionado con la temática del arbitraje comercial internacional, los cuatro Estados han recogido las ideas centrales de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre arbitraje comercial internacional, de 1985, en México, a partir de 1993, con las disposiciones previstas en el Título IV del Código de Comercio de ese país; en Chile, a partir de 2004, con la promulgación de la ley n° 19.971; en Perú, a través del Decreto Legislativo 1.071, de 2008, que norma el arbitraje, y en Colombia, con la ley n° 1.563, de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.

Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de una ley modelo que, a diferencia de un tratado internacional admite que cada país incorpore sus disposiciones efectuando ajustes, creemos de utilidad, destacar algunas disposiciones en los instrumentos locales aludidos, más aún si a partir de ese margen, se presentan algunas diferencias, como puede darse en aspectos como la incorporación o no de las enmiendas de 2006, de ese instrumento de Naciones Unidas.

En lo que toca a la internacionalidad del arbitraje, éste es tratado en el art. 1.3 de la ley chilena, en el artículo 64 de la ley colombiana, en el artículo 1416. III de la ley mexicana y en el artículo 5° de la ley peruana.

En lo que se refiere a la intervención judicial mínima, esta se contempla en el artículo 5° de la ley chilena, en el artículo 67 de la ley colombiana, en el artículo 1421 de la ley mexicana y en el artículo 3.1 de la ley peruana.

En lo que concierne a la elección del Derecho aplicable, este asunto es abordado en el artículo 28 de la ley chilena, en el artículo 101 de la ley colombiana, en el artículo 1445 de la ley mexicana y en el artículo 57.2 de la ley peruana. Destacándose la diferencia de la regulación chilena, en el sentido de que en el caso de que las partes no hayan escogido el Derecho aplicable, si el arbitraje tiene su sede en Chile, el o los árbitros deben emplear normas de conflicto que estimen pertinentes para arribar a la regulación sustantiva que regirá la relación de que se trate, mientras que en los otros Estados se entrega a los juzgadores, directamente, la libertad para optar por el ordenamiento que considere más apropiado, sin tener que mirar a norma de conflicto alguna.

En lo relativo a la renuncia a objetar, esto es tratado en el artículo 4° de la ley chilena, en el artículo 66 y 107 de la ley colombiana, en el artículo 1420 de la ley mexicana y en el artículo 11 y 63.8 de la ley peruana.

En lo que toca al recurso de anulación, como medio de impugnación, este se contempla en el artículo 34 de la ley chilena, en los artículos 107 y 108 de la ley colombiana, en el artículo 1457 de la ley mexicana y en el artículo 62 de la ley peruana.

En lo relativo al plazo para solicitar la anulación, esta materia es contemplada en el artículo 34 inciso tercero de la ley chilena, en el artículo 109 de la ley colombiana, en el artículo 1458 de la ley mexicana, y en el artículo 64 de la ley peruana. Acá también se presenta una diferencia, puesto que los plazos para deducir la impugnación son disímiles, así, mientras en Chile y México se prevé un término de tres meses, en Colombia el plazo es de un mes, y en Perú, es de solo 20 días.

En lo concerniente al reconocimiento de laudos dictados en el extranjero, esta temática es tratada en el artículo 35 de la ley chilena, en el artículo 111 de la ley colombiana, en el artículo 1461 de la ley mexicana y en el artículo 76.1 y 76.9 de la ley peruana.

Por último, en lo referente a la denegación de reconocimiento, esto es regulado en el artículo 36 de la ley chilena, en el artículo 112 de la ley colombiana, en el artículo 1462 de la ley mexicana y en el artículo 75.2 de la ley peruana.

2. Fuentes convencionales interamericanas

En lo que toca a fuentes convencionales interamericanas, valga la pena adelantar que dentro de América Latina, existen dos grandes vertientes en lo que se refiere a la regulación del Derecho Internacional Privado, por una parte están los Tratados de Montevideo, de 1889, sobre Derecho Civil y Derecho Comercial Internacional, que en lo que importa para este estudio, solamente fueron ratificados por Colombia y Perú, mientras que por otro lado está el Código de Derecho Internacional Privado, de 1928, conocido como Código de Bustamante -en homenaje a su autor, el cubano Antonio Sánchez de Bustamante- el cual solamente, en lo que a este trabajo toca, fue ratificado por Chile⁷ y Perú, contemplando este instrumento normas sobre tribunal competente, Derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de fallos extranjeros.

A partir de lo mencionado, la primera aproximación al tema es que México no forma parte de ninguna de estas dos vertientes, y que ninguna de estas engloba ni siquiera, a los tres Estados Parte sudamericanos de la Alianza del Pacífico.

Como anticipábamos, en Perú y Colombia se encuentra en vigor los Tratados de Montevideo, de 1889, de Derecho Civil Internacional (que regula los bienes: artículos 26 a 31; los actos jurídicos: artículos 32 a 39; la prescripción: artículos 51 a 55; la jurisdicción: artículos 56 a 67, entre otros aspectos) como el de Derecho Comercial Internacional (que aborda cuestiones como actos de comercio y comerciantes: artículos 1° a 3°; sociedades: artículos 4° a 7°; letras de cambio: artículos 26 a 34; falencias (insolvencia): artículos 35 a 48, regulando dentro de los títulos sustantivos mercantiles los asuntos de competencia judicial internacional involucrados).

Por otro lado, si revisamos las convenciones interamericanas elaboradas en el marco de las Conferencias Especializadas en Derecho Internacional Privado de la Organización de Estados Americanos, podemos encontrar un panorama disímil siendo unos pocos los instrumentos que se encuentran en vigor en los cuatro Estados Parte de la Alianza del Pacífico.

En efecto, la convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional⁸ se encuentra en vigor en Chile, Colombia, México y Perú, como también la convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, de 1975⁹, y su protocolo adicional, de 1979¹⁰, la convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, de 1975¹¹, y la convención interamericana sobre pruebas e información acerca del Derecho extranjero, de 1979¹².

Por otro lado, la convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagaré y facturas, de 1975¹³, sólo está en vigor en Chile, México y Perú, situación que se repite con la convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, de ese mismo año¹⁴.

A su vez, la convención interamericana sobre normas generales de Derecho Internacional Privado, de 1979¹⁵, está en vigor en Colombia, México y Perú, pero no en Chile, misma situación que se repite respecto de la convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, de ese mismo año¹⁶.

Mientras que la convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques, de 1979¹⁷, sólo está en vigor en Chile y en Perú.

En tanto, solamente en México y Perú están en vigor las convenciones interamericanas sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles¹⁸, como aquella sobre domicilio de personas físicas en el Derecho Internacional Privado¹⁹, ambas de 1979.

Por su parte, la convención interamericana sobre ejecución de medidas cautelares, de 1979²⁰, solamente está en vigor en Colombia y Perú.

III ] Fuentes internas o autónomas

1. Competencia judicial internacional

a.- Perú

Perú es el único país que cuenta con una regulación específica (dualista) que contempla normas especiales en Derecho Internacional Privado, que precisan cuándo los tribunales de ese país son competentes en asuntos con elementos internacionales relevantes, con normas en su Código Civil de 1984, entre los artículos 2057 y 2063²¹, lo cual supone una posición más avanzada²² a la de otros países de la región.

b.- Colombia

Colombia no cuenta con normas domésticas que resuelvan la competencia de sus tribunales en asuntos con elementos internacionales relevantes. Para zanjar este asunto debe acudirse a las reglas dadas por el Código General del Proceso, bajo la lógica de un sistema monista²³, sin preceptos especialmente dictados para los supuestos con elementos como los que son objeto de análisis por el Derecho Internacional Privado.

c.- México

Presenta un sistema monista disperso, en el sentido de que tampoco se cuenta con normas para situaciones jurídicas con elementos internacionales relevantes y los asuntos entregados a la competencia de sus tribunales deben analizarse a partir de sus normas domésticas²⁴, con la particularidad de que, al ser un país federal, la materia se encuentra normada a nivel estadual.

d.- Chile

Tampoco cuenta con normas específicas de competencia judicial internacional dentro de sus normas domésticas²⁵, por lo cual para resolver cuál es el tribunal competente debe mirarse la preceptiva interna, atendiendo a la naturaleza de la acción, teniendo como criterio general y residual, el del domicilio del demandado.

2. Derecho aplicable²⁶

a.- Chile

No hay una norma clara que precise la regla de elección de Derecho aplicable a los contratos internacionales, sin perjuicio de lo cual, la doctrina de modo voluntarista ha buscado una interpretación sistemática que admita la autonomía conflictual²⁷, lo cual ha sido admitido por los tribunales de justicia²⁸.

b.- Colombia

El Código Civil colombiano, de 1873 está impregnado de una lógica territorialista²⁹. Al efecto, el profesor Cock indica que no encuentra en la legislación colombiana disposición alguna que determine de manera clara y precisa el régimen de los contratos y obligaciones civiles en que concurren elementos extranjeros³⁰.

En este escenario, durante mucho tiempo se rechazó la autonomía conflictual, pero con el paso de los años, en virtud de diferentes leyes que se fueron dictando en ámbitos relacionados y una serie de pronunciamientos judiciales, se fue abriendo camino, de modo muy zigzagueante, el reconocimiento de esta atribución de los contratantes³¹.

c.- Perú

El Código Civil de 1984, supone la primera consagración del principio de autonomía conflictual de manera clara y directa en la región³². En su Libro X, se establece que las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento, y si las obligaciones debieren cumplirse en países distintos, aquellas quedan regidas por la ley de la obligación principal, y si ésta no se pudiere determinar, por la ley del lugar de celebración³³.

d.- México

El Código Civil Federal dispone admite que los efectos jurídicos de los actos se rijan por el Derecho que las partes elijan, y en su defecto debe quedar sujeta al ordenamiento del lugar donde las obligaciones deban ejecutarse³⁴³⁵.

IV ] Conclusiones

Si quiere afrontarse con seriedad el proceso de integración de la Alianza del Pacífico debe prestarse especial atención al Derecho Internacional Privado, que actúa como unidad funcional que permite el adecuado funcionamiento y el ejercicio de las libertades de un mercado común³⁶ por lo cual debiese avanzarse a estandarizar reglas para dar mayor certeza a los actores económicos.

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