¿Por qué la legislación que regula la portación de armas en México transgrede los principios de certeza y seguridad jurídica?

at home (constitutional right) and carrying them in public places (regulated by the Weapons Law). The historical evolution of law is reviewed from the Constitution of Cádiz to today, linking it with events such as independence and the Mexican Revolution. The lack of clarity in the criteria for granting carrying licenses is criticized, highlighting the discretion of SEDENA. It is argued in favor of the right to self-defense, supported by the high incidence of crime in Mexico. Responsible regulations are advocated that balance citizen security and individual rights, considering background checks and psychological evaluations. The article concludes by highlighting the complexity of the debate and the need for effective regulations.

Keywords: Constitutional law, carrying weapons, carrying licenses.

1. ] Introducción

La definición de arma puede variar según el país o la región, pero una descripción adecuada sería la de una herramienta diseñada o adaptada para causar daño físico. Frecuentemente cuando se habla del uso de armas no se distingue entre posesión y portación, ya que suele sobreentenderse que el derecho a poseer un arma va acompañado del derecho a utilizarla libremente bajo ciertos preceptos como la legítima defensa, cacería, actividades deportivas, etc.

En México el derecho a poseer armas está reconocido por la Constitución en su artículo 10 que versa de la siguiente manera:

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.²

De modo que los habitantes tienen la posibilidad de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley y las reservadas al uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional.

Por otro lado, el derecho a la posesión, uso y transporte de armas en la vía pública para fines tales como la legítima defensa, deportes, caza, escolta privada o de otra índole, sin perjuicio de otras actividades lícitas que con ellas puedan realizarse; sin embargo, a diferencia de la posesión de armas, la portación de estas no está reconocida como un derecho constitucional y es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) la que determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares donde los habitantes podrán ser acreedores de una licencia que los faculte a portar legalmente sus armas.

Existen varios argumentos a favor y en contra sobre la portación de armas en México, y si bien, esta discusión no es ajena al tema del artículo y no pasa desapercibida, no ahondaremos en ese debate, ya que el tema central de este artículo son los inconvenientes jurídicos que presenta la legislación mexicana con respecto a la emisión de licencias particulares de portación de armas.

2. ] El derecho al uso de armas en México a través de la historia

La historia de México ha sido moldeada por diversos acontecimientos que han influido en la percepción y regulación del derecho al uso de armas en el país. Desde los albores de la independencia hasta los tiempos modernos, la relación entre la población y las armas ha experimentado transformaciones significativas. Este capítulo se sumerge en el pasado para explorar la evolución del derecho al uso de armas en México, desde sus posibles antecedentes en la Constitución de Cádiz de 1812 hasta las complejidades normativas y debates contemporáneos. Se examinan episodios clave, como el movimiento independentista y la Revolución Mexicana, para comprender cómo estos eventos han dejado una huella en la legislación y en la percepción cultural del derecho a poseer y portar armas. A través de un análisis histórico, se busca presentar los fundamentos de este derecho constitucional.

1. Las armas en el movimiento independentista. Los autores Luis René Guerrero Galván y José Gabino Castillo Flores señalan que uno de los posibles primeros antecedentes del derecho al uso de armas en México lo podemos encontrar en la Constitución de Cádiz de 1812, y es que en su artículo 56 mencionaba que a las juntas parroquiales los ciudadanos no podían presentarse con armas de fuego. Esto nos habla de que en aquella época era común que los ciudadanos portaran consigo armas de fuego. Lo anterior es relevante ya que durante la primera parte del sigo XIX esta constitución estuvo vigente en el territorio mexicano, cosa que cobra relevancia dentro del contexto de independencia que se vivió en el país por aquellos años.³

La relación entre el derecho de poseer y portar armas y la independencia de México en el siglo XIX fue un capítulo fundamental en la conformación del pensamiento sobre este tema. La figura de Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la independencia, desempeñó un papel central al convocar al pueblo a levantarse contra el dominio español en 1810. Este llamado a la acción incluía la explícita solicitud de que los ciudadanos se armaran para luchar por la libertad.

Sin embargo, a medida que la lucha por la independencia avanzaba, los líderes insurgentes también tuvieron que lidiar con la necesidad de establecer un orden interno. Las tensiones y rivalidades entre diferentes facciones insurgentes llevaron a la creación de reglamentos y códigos militares que regulaban la posesión y el uso de armas dentro de las filas independentistas. Tras más de una década de conflictos, México finalmente logró su independencia en 1821. Sin embargo, el periodo post independencia estuvo marcado por la inestabilidad política y social. La posesión y el uso de armas continuaron siendo temas de relevancia, ya que las luchas internas y las tensiones políticas requerían la movilización armada en diferentes momentos.

En este contexto, la Constitución de 1824 estableció el derecho de los ciudadanos para poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. No obstante, esta disposición no perduró mucho tiempo, ya que, con la promulgación de la Constitución de 1836, México adoptó una postura más centralizada y autoritaria, restringiendo el derecho de posesión y portación de armas en manos de civiles.

2. El derecho al uso de armas en el contexto revolucionario. Dando un salto en el tiempo hasta Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, representó un periodo de profundos cambios sociales, políticos y económicos en México. Durante este conflicto armado, la posesión y el uso de armas desempeñaron un papel central en la lucha de diversos grupos por reformas y justicia social. La Revolución Mexicana, al ser un movimiento diverso y multifacético, involucró a campesinos, obreros, intelectuales y militares, creando una dinámica compleja en cuanto a la relación entre las armas y la población.⁴

Desde el inicio de la Revolución, varios líderes revolucionarios, como Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, abogaron por la idea de que el pueblo tenía el derecho de poseer armas como un medio para defender sus derechos y luchar contra la opresión. Este llamado resonó especialmente en las zonas rurales, donde la posesión de armas era parte de la tradición, ya que los habitantes de esas zonas, acostumbrados a la inseguridad y al depender de la caza para su sustento, tenían muy arraigado el uso de las armas en su vida cotidiana.⁵

Campesinos y obreros se organizaron en grupos armados para luchar contra las fuerzas del antiguo régimen y buscar la implementación de reformas agrarias y laborales. La movilización armada de la población se convirtió en una expresión tangible de su participación en la construcción de un nuevo orden social.

Sin embargo, a medida que la Revolución avanzaba, se generaron tensiones entre los diferentes líderes y facciones revolucionarias. El control sobre las armas y las fuerzas armadas se convirtió en un elemento crucial para la estabilidad interna y la consolidación del poder. A pesar de los ideales iniciales de democratización del acceso a las armas, algunos líderes revolucionarios comenzaron a centralizar el control sobre las fuerzas armadas y a regular de manera más estricta la posesión de armas por parte de la población civil. La Constitución de 1917, promulgada en pleno desarrollo de la Revolución, reflejó esta compleja relación entre las armas y la sociedad mexicana. El artículo 10 de la Constitución de 1917 reconocía el derecho de los ciudadanos para poseer armas para su seguridad y legítima defensa, pero también establecía limitaciones y regulaciones. Este artículo sentó las bases para la legislación actual en materia de armas de fuego en México.⁶

3. ] Regulación actual de la portación de armas en México

El presente capítulo se sumerge en el entramado normativo que regula la portación de armas en México, examinando detalladamente el marco legal establecido por la Constitución y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se destaca la distinción entre el derecho constitucional a poseer armas en el domicilio y la regulación más específica que rige la portación en lugares públicos.

Se analiza críticamente el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, desglosando los requisitos y criterios establecidos para la obtención de licencias de portación. Se exploran los principios fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica que fundamentan el sistema legal mexicano, y se evalúa cómo estos principios se aplican en el contexto de la regulación de armas.

Este capítulo proporciona un análisis exhaustivo de la legislación actual, examinando su coherencia, limitaciones y la discrecionalidad de la autoridad en la emisión de licencias, lo que arrojará luz sobre los desafíos jurídicos que plantea la actual regulación de la portación de armas en México.

1. Los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica. En el ámbito del Derecho, los principios son fundamentos o reglas fundamentales que orientan la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Estos principios constituyen los cimientos sobre los cuales se construye y desarrolla todo el sistema legal, proporcionando coherencia, equidad y justicia en la aplicación de las leyes. Dentro del sistema legal mexicano, la importancia de los principios de seguridad y certeza jurídica se manifiesta de manera fundamental, sosteniendo la estabilidad y previsibilidad en la aplicación de la ley.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como piedra angular de la normativa, contiene disposiciones cruciales para garantizar la seguridad jurídica en el país. El artículo 16⁶, por ejemplo, establece salvaguardas contra intrusiones indebidas al afirmar que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento escrito y fundamentado de la autoridad competente. Asimismo, el artículo 20⁷ establece principios fundamentales del proceso penal, tales como la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, asegurando que los procedimientos judiciales transcurran de manera transparente, justa y equitativa.

El artículo 17⁸ de la Constitución Federal, consagra el derecho que tiene la población a que se le administre justicia, esto resalta el derecho a la seguridad jurídica inscrito en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho, esencial para la ciudadanía, protege contra la incertidumbre jurídica, garantizando a los individuos la seguridad de no encontrarse en situaciones de indefensión ante los actos del Estado.

Desde la perspectiva doctrinal, la seguridad jurídica se erige como un pilar fundamental del Derecho. La doctrina aboga por la previsibilidad y definición clara de las consecuencias jurídicas previstas por la ley. La seguridad jurídica, en este contexto, surge de la certeza que debe caracterizar la actuación de las autoridades, quienes, en todos los ámbitos, deben ceñirse de manera rigurosa a la Constitución Política y a las leyes, generando así un ambiente de confianza en el ejercicio de la autoridad.⁹

2. Artículo 26, fracción I, apartado F de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se podría argumentar que el artículo 10 constitucional sí reconoce la posibilidad de portar armas de fuego fuera del domicilio, sin embargo, a diferencia de la posesión, la portación no es reconocida como un derecho y queda a disposición de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la determinación de los casos excepcionales en los que los particulares pueden portar un arma en vía pública. Al revisar esta ley, encontramos que en el artículo 26 establece los requisitos para ser acreedor a una licencia particular de portación, como lo son el no tener impedimentos físicos/psicológicos, no ser consumidor de drogas, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, etc. Estos pueden parecer requisitos coherentes y que dan amplia cabida a que la población en general tenga acceso a la licencia particular de portación de armas de fuego, sin embargo, dentro de este artículo 26, fracción I, apartado F nos encontramos con el siguiente requisito Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas. El artículo 26, fracción I, apartado F también señala 3 puntos o criterios por los cuales se puede acreditar la necesidad: i.- la naturaleza de la ocupación, ii.- las circunstancias del lugar en que viva y iii.- cualquier otro motivo justificado.¹⁰ Desarrollaremos

cada uno de ellos a continuación.

i.- La naturaleza de la ocupación. En tanto al punto “i” no hay mucho debate, ya este criterio se puede entender que va dirigido a aquellos oficios dedicados a la seguridad y protección que exponen a los trabajadores a agresiones/peligros, por lo que para la realización de su labor requieren potencialmente del uso de armas de fuego. Cabe aclarar que este punto es en relación a aquellos que ejercen funciones de seguridad privada, ya que funcionarios públicos como la policía o la guardia nacional cuentan con sus respectivos reglamentos para la utilización de armas de fuego.

ii.- Las circunstancias del lugar en que viva. Si bien el punto “ii” pretende fungir como limitante a la discrecionalidad de la autoridad, no establece un límite real objetivo para su aplicación. Dado que vivimos en un Estado de Derecho, lo lógico sería que nadie necesitara utilizar armas de fuego; sumado a esto, la Constitución mexicana establece en el artículo 21 que La seguridad pública es una función del Estado. Esto resultaría satisfactorio en un país donde el crimen y la violencia fuera una excepción a la regla, sin embargo, como ya se mencionó en este artículo, la delincuencia no es esporádica, sino que es una realidad a la que cada año se enfrenta más de una cuarta parte de la población.

Es por esto que utilizar el criterio de las circunstancias especiales del lugar en que se viva no es muy claro, ya que es bastante amplio y podríamos extraer diversas conclusiones: por un lado, podríamos establecer que los niveles de violencia en el país son normales y que por ende, tendría que existir un nivel mayor de violencia para poder considerar necesaria la portación de armas; por otro lado, podríamos decir que, en base a los datos del gobierno, el país en general experimenta circunstancias de violencia que se escapan de lo normal, calificando como circunstancias especiales y justificando la obtención de una licencia de portación de armas a la mayoría de la población.

iii.- Cualquier otro motivo justificado. El punto “iii” es el que resulta más problemático, ya que pretendiendo establecer un criterio limitador para la autoridad, lo que nos ofrece es todo lo contrario ya que lo único que dice es Cualquier otro motivo justificado. El uso de la palabra cualquier ya nos genera problemas, pues por definición, algo cualquiera es indeterminado; cosa que no solo no delimita, sino que además vuelve inútiles los dos puntos anteriores al dejar el camino libre a todo lo que justifique según el criterio de la autoridad.

Y es que la arbitrariedad de la Secretaría de la Defensa Nacional a la hora de expedir las licencias de portación de armas se hace notar cuando se compara la cantidad de licencias expedidas y el número de delitos registrados en cada entidad federativa, ya que si se supone que la situación del lugar en el que viven es un criterio para determinar si alguien necesita o no una licencia para portar armas, deberíamos ver una correlación entre estas cifras, dado que a mayores niveles de violencia, mayor necesidad de defenderse; sin embargo, esto dista bastante de la realidad.

Para ejemplificar como es que la discrecionalidad conferida a la SEDENA no tiene criterios realmente limitantes está el caso de la Ciudad de México, la cual no es la entidad federativa con mayor número de delitos registrados en lo que va de 2023, sin embargo, es la que mayor número de licencias tiene vigentes en 2023, llegando a acumular el 51% de todas las licencias expedidas a nivel nacional.¹¹

Otro ejemplo de esta discrecionalidad discriminatoria es el Estado de Guanajuato, el cual ha registrado más de 85 mil delitos en lo que va de 2023 y es el tercer Estado más inseguro de acuerdo a las cifras proporcionadas por el gobierno, no obstante, tiene tres veces menos licencias registradas que el estado de Querétaro, el cual por cierto ha registrado 38 mil delitos en lo que va de 2023 (menos de la mitad de Guanajuato).¹² Esto nos lleva a la conclusión de que realmente no existe

un criterio legal real bajo el cual los habitantes puedan respaldarse para emitir su solicitud de licencia de portación de armas de fuego, ya que en los ejemplos previamente descritos queda en evidencia que no hay un criterio firme por el cual se otorguen las licencias, dejando en incertidumbre a la población mexicana y constituyendo una violación al principio de certeza jurídica.¹³

4. ] Sobre la necesidad de portar armas en México

Este capítulo se sumerge en el análisis de la necesidad de portar armas en el contexto mexicano, examinando detalladamente dos facetas cruciales: la legítima defensa y la realidad de la violencia e inseguridad en el país. Se parte de la base legal establecida en el artículo 15 del Código Penal Federal, explorando cómo la legítima defensa se relaciona con el derecho a poseer y portar armas en México.

Se profundiza en la violencia e inseguridad que enfrenta la sociedad mexicana, respaldándose en datos gubernamentales sobre la incidencia delictiva. Se argumenta que, dada la alta prevalencia de delitos, la necesidad de defenderse es imperante y se explora cómo esta necesidad se traduce en un respaldo para ampliar el derecho a utilizar armas fuera del domicilio. Este capítulo proporciona un análisis crítico y contextualizado que busca arrojar luz sobre la relación entre la necesidad de portar armas y la realidad social y jurídica en México.

1. La defensa de la vida desde la doctrina de la Iglesia Católica. Como sabemos, el Derecho no es una ciencia exacta, por lo que está en constante evolución y al mismo tiempo pueden coexistir diversas posturas y doctrinas sobre el mismo tema. Y es que el tema de la defensa de la vida por medios violentos también está sujeto a diversas opiniones de acuerdo a las diferentes corrientes de pensamiento filosóficas; dado la dificultad que representa analizar cada una de ellas y para fines de este artículo solo nos centraremos en una, la cual es parte de la doctrina de la Iglesia Católica.¹⁴

El catecismo de la Iglesia Católica en su punto 2258 ya nos dice que la vida humana ha de ser tenida como sagrada y no solo eso, sino que además establece claramente que nadie, en ninguna circunstancia, se puede matar de forma directa a un ser humano inocente. Esto nos puede hacer pensar que, dentro de esta doctrina, el uso de armas letales no podría estar justificado bajo ningún concepto, ya que solo Dios tiene poder sobre la vida, entonces ¿por qué utilizar esta doctrina para defender el derecho al uso de armas?