Reseña de la ceremonia de entrega del reconocimiento a la trayectoria profesional 2016 a Don Héctor González Schmal

JORGE A. TORRES GONZÁLEZ¹

El pasado jueves 8 de septiembre de 2016, el Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. celebró sus primeros veinte años de vida, en una nutrida ceremonia realizada en el patio Los Naranjos del Instituto Cultural Cabañas.

Ante cerca de un centenar y medio de asistentes e invitados especiales, presidió la ceremonia el Presidente del Colegio, el Lic. Ricardo Ríos Ferrer, y el Presidente del Capítulo Jalisco, Mtro. Rodrigo Lazo Corvera, quienes entregaron el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2016 al abogado Don Héctor González Schmal.

Esta distinción, tiene su origen en una reforma que el Consejo Directivo Nacional tuvo a bien realizar a la reglamentación estatutaria que rige a los Capítulos de la Barra. Uno de los muchos frutos de esta reforma, que entró en vigor el 9 de agosto de 2013, fue la previsión, en su artículo Décimo Sexto, de la posibilidad de que los Capítulos propusieran anualmente el otorgamiento de un reconocimiento a la trayectoria profesional a favor de un abogado, fuera o no mexicano y fuera o no miembro del Colegio, que se hubiese distinguido por sus servicios a la comunidad de la entidad federativa del respectivo Capítulo, en cualquiera de las profesiones jurídicas o en cualquiera de los ámbitos de la creación, aplicación, ejercicio, investigación, enseñanza y divulgación del Derecho.

A pesar de que la normatividad apuntada permite a los Capítulos generar este reconocimiento de manera anual, los dos Comités Directivos más recientes del Capítulo Jalisco se han decantado por la decisión de correr el proceso de forma bianual, con la finalidad de consolidar una tradición que se considera adecuada para dar regularidad y realce a lo que, en el fondo, constituye la finalidad misma del galardón: mostrar a la comunidad jurídica y en particular a las generaciones jóvenes de abogados trayectorias profesionales que identifiquen los modelos de conducta que la abogacía debe seguir en estos tiempos tan difíciles para la actividad profesional.

Don Héctor González Schmal fue seleccionado para recibir el Reconocimiento, a través de un proceso complejo de varios meses de duración, que involucró al Comité Directivo del Capítulo, al Consejo Directivo Nacional de la Barra, y a la Junta de ex presidentes del Capítulo, quienes coincidieron en estimar la idoneidad del candidato y la pertinencia del reconocimiento.

Don Héctor fue reconocido por su contribución a los diferentes ámbitos de la profesión jurídica: como académico, director de posgrados, abogado postulante, barrista cofundador del Capítulo Jalisco y decano de sus ex presidentes, etc., pero sobre todo, por haber desarrollado una trayectoria jurídica de cinco décadas marcadas por un elemento común y contundente: una coherencia personal y profesional que no ha sido indiferente para todos aquellos que hemos tenido la fortuna de estar cerca de él.

Por esa misma razón, debe saber el lector que el discurso que brindó Don Héctor a los asistentes a la ceremonia, y que a continuación pongo a su disposición mediante su transcripción literal no tiene desperdicio y constituye un testimonio valiente de la situación que vive la profesión en nuestros días, descrita con la claridad que exige la independencia profesional esa virtud que, siendo tan necesaria en los abogados para el buen funcionamiento del sistema de justicia, es ahora tan escasa.

Palabras de Héctor González Schmal en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la fundación del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, celebrado en el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara, el día 8 de septiembre de 2016.

Sr. Lic. Ricardo Ríos Ferrer, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Mtro. Rodrigo Lazo Corvera, presidente del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Demás personalidades que nos honran presidiendo este acto;

Agradezco sinceramente a mis queridos amigos y colegas Rodrigo Lazo Corvera, presidente del Comité Directivo del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y a los demás miembros de dicho Comité, así como a los órganos de la dirigencia nacional que dieron su anuencia, la distinción de que me han hecho objeto, y agradezco desde luego las generosas e indulgentes palabras de mi querido amigo Jorge Torres González.

Cumplidas gracias también a mis parientes y amigos foráneos que nos acompañan en este acto, cuyos nombres omito para no incurrir en omisiones involuntarias.

Debo confesar, sin falsa modestia y sí con realismo, que en verdad siento inmerecida la distinción. De hecho, cuando en un primer momento se me planteó la propuesta de incluir mi nombre entre los candidatos a recibir el Diploma de reconocimiento a la trayectoria profesional que confiere al Capítulo Jalisco de la Barra, agradecí y decliné la postulación convencido como estoy de que hay colegas con mayor idoneidad, pero luego obró una especie de afectuosa y soterránea conspiración que me indujo a reconsiderar la decisión, no por haber descubierto de pronto méritos y virtudes personales, sino por considerarlo un deber y porque me brindaría la posibilidad de compartir con tan distinguido auditorio (lo cual haré brevemente, lo prometo) algunas reflexiones sobre la misión del abogado y de una agrupación gremial de la importancia y presencia como la que tiene la Barra a nivel nacional.

Todos estamos al tanto de que en los últimos meses ha hecho crisis un prolongado proceso de grave deterioro de la vida política, económica y social de nuestro país, con diversos grados de gravedad y consecuencias en diversas regiones de la República, que ha recrudecido el desastre de la inseguridad pública creciente, la cantidad de ejecuciones, incluidos presidentes municipales y otros funcionarios públicos, los secuestros, los homicidios dolosos, las desapariciones, la irritante impunidad, etc., ámbito en el que el poder público parece peligrosamente rebasado, o al menos muy limitado en su capacidad de respuesta.

Pero, además, aunque focalizado en ciertas zonas (e independientemente de que el llamado movimiento magisterial disidente rebasa una problemática meramente gremial, pues otros grupos de ideología radical y métodos violentos per se sin relación con el magisterio se han montado en causa ajena en busca de réditos políticos y económicos), lo cierto es que en los acontecimientos protagonizados por maestros, estudiantes normalistas y otros grupos de filiación incierta ha campeado una abierta insumisión y desprecio de las leyes tanto por parte de los particulares individualmente considerados u organizados en agrupaciones intermedias, como de algunas autoridades de los tres niveles de gobierno, fenómeno que las últimas semanas ha golpeado con mayor severidad a la capital del país y a algunas entidades federativas, incluidas las tradicionalmente más pobres y marginadas de la vida nacional (con legítimas reivindicaciones históricas nunca satisfechas y que por lo mismo han sido caldo de cultivo del desorden y la violencia), y que, con independencia de la legitimidad que pudieran tener o no las pretensiones exigidas, ha conducido a la gran mayoría de los habitantes de esas regiones y de la sociedad en general a manifestarse harta de tanta violencia y de las graves consecuencias que en la vida ordinaria y cotidiana de todos ha tenido esa situación. No se trata sólo de pérdidas económicas (lo que de suyo es ya grave), sino del ambiente de inseguridad personal y familiar, de frustración, de inmovilidad, de incertidumbre, de impunidad y de impotencia, con la explicable sensación de la población en general de abandono por parte de quienes debían protegerles y garantizarles una vida tranquila y ordenada y el pleno goce de los derechos humanos fundamentales consagrados en el orden jurídico nacional.

El influjo de este panorama no es ajeno, con la proporcionalidad que se quiera, al Estado de Jalisco ni al resto de la República, y en cualquier caso pone de relieve y cuestiona seriamente la aptitud del derecho normativo para resolver las controversias de manera institucional y pacífica a fin de determinar lo suyo de cada quien, es decir, el ius objetivo, y revela una grave ruptura del orden jurídico, no solo por parte de los grupos rijosos y violentos, sino de aquellas autoridades competentes que abdican del ejercicio de la potestad pública en el uso oportuno, prudente y proporcional de la fuerza pública para mantener el orden y la paz, o cuando incurren en una aplicación parcial y selectiva de la ley. Los unos actúan sistemática e impunemente y en abierto desafío a la autoridad y las otras se ven rebasadas no obstante los esfuerzos desplegados para el diálogo y la negociación, diálogo y negociación que parecen imposibles cuando la parte beligerante plantea como premisa innegociable (según su propio dicho) la derogación o abrogación, según el caso, de preceptos constitucionales y de leyes positivas en vigor.

Este alejamiento del orden jurídico normativo para la solución de los problemas individuales y colectivos erosiona gravemente la cohesión social. Como decía mi recordado maestro Efraín González Morfín: no hay sistema jurídico capaz de responder a las exigencias y necesidades de la sociedad, sin un mínimo de estima y sometimiento espontáneo y racional al orden normativo, positivo y natural, por un número mayoritario de los miembros de la sociedad. Las sociedades no son más ni menos que lo que somos las personas que las integramos.

Una de las consecuencias obvias de este fenómeno es un sentimiento generalizado en el país de una pérdida de confianza en las instituciones, en mayor o menor grado según la región de que se trate, incluidas naturalmente las encargadas de la procuración y administración de justicia, local y federal, cuya credibilidad es necesario rescatar, tarea y responsabilidad que recaen por igual en autoridades y particulares, y en este último sector especialmente en nuestro gremio profesional.

En Jalisco, debido en parte al reflejo del desencanto generalizado a que me he referido, pero además a nuestra experiencia doméstica de los últimos años caracterizada con un poder judicial sin plena autonomía, con la desafortunada actuación del legislativo en la designación de magistrados muchas veces por cuotas partidistas e intereses creados, con la práctica del nepotismo en la designación de jueces y el opaco e inoperante funcionamiento del órgano administrador y disciplinario del poder judicial (cuya existencia misma se ha venido cuestionando por lo mismo), ha dado por resultado una baja calidad en la impartición de justicia en todas las fases del servicio. Y aunque hace unos días se ha presentado en el congreso local una iniciativa para una reforma integral al Poder Judicial del Estado, lo cual es plausible aunque todavía no podemos ponderar su contendido y valorar su posible efecto en la vida real de nuestra comunidad, hoy por hoy sigue habiendo impreparación de policías, de fiscales y de juzgadores, y lamentablemente también corrupción de algunos de ellos (aunque por supuesto los hay también probos y competentes); falta de recursos; falta de independencia y autonomía real de las funciones; y contaminación política, pero a este deterioro en la impartición de justicia lamentablemente también contribuye, qué duda cabe, la venalidad de algunos abogados (por ventura no muchos) que se vuelven cómplices del personal ministerial y judicial, y en ocasiones en verdaderos socios del cliente y juzgador por igual para compartir los beneficios ilícitos producto de una manipulación de los procesos y de la ley, todo lo cual deviene, finalmente, en una denegación de la justicia, causa eficiente y final del derecho, sobre todo para los menos favorecidos, y agrava el desencanto de la población en nuestro sistema de justicia.

Todas estas situaciones adversas, no son, sin embargo, inmutables, como no lo es el cambio social en otros aspectos de la convivencia humana, cuando los integrantes de la comunidad se proponen organizarse e incidir de diversas maneras en el cambio. Y en el tema de impartición de justicia, es obvio que entre los actores fundamentales e imprescindibles se encuentran los abogados.

Una forma idónea y eficaz para el cambio es justamente la colegiación profesional en agrupaciones como la Barra, dotada de una buena normatividad interna y un sólido código de conducta ética que promueva y facilite todas las formas del ejercicio profesional, sea en la postulancia, la judicatura, la academia, la función notarial o la función pública, comprometidos en serio en la lucha por la seguridad, la justicia y la defensa de los principios del Derecho, el mejoramiento de la administración de justicia y el decoro y la dignidad de la abogacía con estricto apego a las normas de la moral y del derecho predicadas en el propio Código de Ética.

Particularmente, el abogado litigante, que el maestro Cruz Miramontes (jurista y litigante de primerísimo nivel) caracteriza como aquel que cultiva el derecho y se preocupa no sólo por cumplir sus funciones de representación de su cliente, sino que además lo ayuda a cumplir con sus compromisos y a tomar las decisiones más convenientes, incluso cuando la decisión implica perder un posible asunto que a nuestro parecer no tiene posibilidades razonables de éxito, o incluso porque no le asiste la razón al cliente, tal abogado postulante que está en contacto directo con los tribunales, puede incidir positivamente si asume en serio la exigencia y responsabilidad de dar vigencia práctica a los valores gremiales de la institución sirviendo con lealtad al cliente, al órgano jurisdiccional y a la contraparte: lealtad con el cliente poniendo a su servicio toda su capacidad técnica y absteniéndose de despertarle expectativas indebidas y mucho menos coludiéndose para eludir el cumplimiento de lo que sí le corresponda satisfacer; lealtad con el órgano jurisdiccional contribuyendo con eficiencia, honradez y buena fe a la búsqueda de la verdad; y lealtad con la contraparte para que, sin demérito de una enérgica y bien soportada defensa del interés de su cliente, se abstenga del uso de artificios meramente dilatorios o tendientes a confundir la verdad o a manipular la ley o el proceso.

La Barra debe y puede seguir incidiendo positivamente en el cambio mediante la promoción y saneamiento de la práctica profesional, tarea que será más eficaz cuando culmine positivamente la esperada y deseable reforma constitucional para establecer la colegiación obligatoria. En Jalisco se ha dado un primer e importante paso con la Ley Para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado puesta en vigor a principios de año, ordenamiento por cierto muy bien logrado en mi opinión, lo cual no es muy frecuente en los productos legislativos.

Y otro frente que debe fortalecerse con el mismo propósito es la formación y capacitación permanente de los abogados, como ya lo prescriben por igual los fines de la Barra y la citada ley, tarea primeramente a cargo de las universidades y complementariamente de la propia Barra cuyos resultados puedan ser validados por los Entes Certificadores que regula el propio ordenamiento, para beneficio y protección del público destinatario de los servicios jurídicos. Y en esta formación, además de una sólida preparación científica y técnica, debe darse especial importancia a los valores éticos para favorecer la práctica del derecho como virtud moral y medio de servicio al prójimo, y no como simple oportunidad de obtención de riqueza y honores, aunque por supuesto una equilibrada finalidad económica para la digna subsistencia es desde luego propia y lícita en el servicio profesional.

Confío, pues, que un buen modelo de colegiación obligatoria, una buena regulación legislativa y una participación activa y constructiva de los abogados contribuyan de manera importante al mejoramiento substancial de la administración de justicia, y hago votos porque este festejo del vigésimo aniversario de la fundación del Capítulo Jalisco sea ocasión para renovar seriamente el esfuerzo de nuestro gremio para rescatar la majestad de nuestra noble profesión de abogados al servicio de la sociedad. Muchas gracias.

Fecha de recepción: 23 de octubre de 2016

Fecha de aprobación: 6 de diciembre de 2016