GUILLERMO A. GATT CORONA¹

“Parta victoria et confecto bello, oportet moderate et

cum modestia christiana victoria uti,

et oportet victorem existimare se judicem sedere

inter duas respublicas, alteram, quae laesa est, alteram,

quae injuriam fecit;

ut non tamquam accusator, sed tanquam

judex sententiam ferat, qua satisfieri quidem possit reipublicae laesae”.2

Francisco de Vitoria

A ALICIA CORONA

SUMARIO: I. Introducción. II. Los antecedentes. III. Alemania v Italia (con la participación de Grecia) Inmunidades Jurisdiccionales del Estado. IV. Algunas conclusiones.

 Resumen. En esta lectura se plantean dos preguntas claves de derecho Internacional Público: ¿Los Estados gozan de soberanía jurisdiccional?, de ser así, ¿Los Estados gozan de esta soberanía inclusive cuando cometen acciones violatorias de derechos humanos o de normas de ius cogens? La sentencia de Alemania v Italia reflexiona en alguna medida sobre la dialéctica relación entre el respeto a los derechos humanos y la soberanía estatal. Este texto analiza brevemente el caso Alemania v Italia resuelto por la Corte Internacional de Justicia en febrero de 2012, y busca responder parcialmente a estas preguntas a la luz del análisis que la Corte hace de la política jurisdiccional en el que Italia buscaba ejecutar en contra de Alemania, sentencias resueltas en sus tribunales y en cortes griegas, donde se condenaba al Estado Alemán por haber violado gravemente derechos humanos y normas imperativas de derecho internacional público durante la Segunda Guerra Mundial.

    Palabras claves: soberanía, derechos humanos, Corte Internacional de Justicia

Abstract. This article raises two important questions on Public International Law: Do States have jurisdictional immunity? and if so, do States retain that immunity even when their actions violate human rights or ius cogens rules? The decision on Germany v Italy ponders to some extent over the dialectic relationship between respect towards human rights and State sovereignty. This paper briefly analyzes the case Germany v Italy solved by the International Court of Justice on February 2012, and seeks to partially answer these questions in light of the analysis done by the Court on the jurisdictional policy in which Italy sought to execute against Germany, decisions solved by Italian and Greek tribunals, where claims were upheld against the German State for severe violations of human rights and fundamental rules of Public International Law during the Second World War.

            Keywords: sovereignty, human rights, International Court Justice

El 8 de mayo de 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial en lo que a Europa respecta. Por supuesto, Japón siguió combatiendo contra los aliados en el Pacífico Sur, hasta que las bombas de Hiroshima y Nagasaki forzaron la conclusión de las hostilidades de manera global en agosto del mismo año.

La guerra dejaba no sólo más de 50 millones de personas muertas, sin considerar a los heridos y mutilados, a los huérfanos y depauperados, sino además, la experiencia traumática del Genocidio. Todo esto, transformaría de manera radical la esencia y alcance del derecho internacional, y de forma particular, una nueva relación dialéctica entre la defensa de los derechos humanos, y el reconocimiento a la soberanía de los Estados.

Modern international human rights law is largely a post-World War II phenomenon. Its development can be attributed to the monstrous violations of human rights committed during the Nazi era and to the belief that these violations and possibly the war itself might have been prevented had an effective international system for the protection of human rights existed in the days of the League of Nations.³

El sistema jurídico internacional de los derechos humanos se desarrolló vertiginosamente a partir de 1945 y en las décadas siguientes con una enorme multiplicidad de instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales y decenas de tratados temáticos, tales como la Convención contra el Genocidio, y las relativas a la discriminación racial, la discriminación contra las mujeres, la Tortura, etcétera.

Since the Second World War, it would be inadequate or even misleading to develop a framework for the study of human rights in many countries without including as a major ingredient the international legal and political aspects of the field: laws, processes and institutions.⁴

  Desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el fundamento de éstos por consenso se ha puesto en la dignidad de la persona humana.⁵

El fundamento de los derechos humanos que se asienta en la dignidad de la persona hace énfasis en la forma peculiar de ser que corresponde a los individuos de la especie humana, sobre todo el hecho de que ellos mismos son el principio de su dinamismo existencial, por lo que deben ser tratados como fines en sí.⁶

Así, a partir de 1945, el concepto de soberanía evolucionó radicalmente para adquirir claras limitaciones que no se conocían en 1648 al firmarse en Münster y en Osnabrück, la Paz de Westfalia. Un Estado es soberano, pero debe cumplir con mínimos elementales en materia de respeto de derechos humanos, y no poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Si no lo hace, la comunidad internacional en su conjunto, se ha otorgado la facultad de intervenir en el Estado infractor. Esto lo establecen los artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, entre otras disposiciones relevantes.

El mundo ha cambiado. La soberanía ha dejado de tener el atributo de ser absoluta, y hoy tiene restricciones pertinentes ante la comunidad internacional. También se dan cambios sustanciales en el derecho relativo a la responsabilidad penal personal por delitos cometidos durante una guerra (violaciones al ius in bello previsto en las 4 Convenciones de Ginebra de 1949 y otros instrumentos internacionales) y en general, a la responsabilidad patrimonial de los Estados por actos violatorios del derecho internacional, y en particular del derecho de guerra.

En el caso del enjuiciamiento a personas que han cometido delitos de guerra u otros crímenes internacionalmente reconocidos como graves, se han generado con el paso de los años tres principales mecanismos:

1. Tribunales Penales Nacionales. En diversos casos, tribunales de algunos países (como en el caso de Bélgica o España) han argüido, con base en su propio derecho interno, tener jurisdicción universal. Ésta se basa en la presunción de que cualquier estado puede ejercer jurisdicción penal sobre crímenes internacionales cometidos fuera de su territorio, aun si se dio por parte de extranjeros y contra otros extranjeros;⁷

2. Tribunales Civiles Nacionales. Esta postura ha sido asumida principalmente por parte de los Estados Unidos de América a través de una recientemente interpretada⁸ legislación del Siglo XVIII, denominada Alien Tort Claims Act (1789) que otorga a los Juzgados de Distrito, la competencia para enjuiciar delitos cometidos en contra del “derecho de las naciones” aún cuando sea en otro país, y ni la víctima ni el delincuente, sean sus nacionales. Es importante destacar que la responsabilidad que se busca imputar en este caso es sólo la concerniente a la responsabilidad civil derivada del delito;

3. Tribunales Penales Internacionales. Cassese destaca cómo estos tribunales tienen varias ventajas por encima de los tribunales nacionales: a) Podrían ser más imparciales que los tribunales locales al no estar vinculados personalmente con los delitos cometidos; b) tienen jueces seleccionados por su particular pericia y especialización en derecho internacional humanitario y en derecho penal internacional; c) están mejor equipados para tratar con crímenes que pueden involucrar a nacionales de diversos países; d) tienen mayor visibilidad que los tribunales locales para efectos de lograr cooperación internacional, e) sus resoluciones son una expresión de la comunidad internacional en su conjunto; y f) aplican principios y reglas internacionales.⁹

Así, los antecedentes han fluctuado a partir de 1945, perfeccionándose en múltiples facetas, desde Nüremberg y Tokio, pasando por las Cortes Especiales de carácter mixto de Sierra Leona, Timor Oriental, Cambodia (hoy Myanmar), y Líbano, transitando por los Tribunales Penales Internacionales para delitos cometidos en la Ex Yugoslavia y en Ruanda, y hasta culminar con la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma de 1998.

En el caso a que se refiere este texto (incluyendo los litigios que le dieron origen), no se busca someter a juicio penal a alguna persona en particular, sino que se busca reclamar una indemnización patrimonial, del estado Alemán, por personas que sufrieron diversas violaciones del derecho de guerra, en su perjuicio, por el régimen del Reich en la Segunda Guerra Mundial.

Lo que estará en juicio es determinar si es posible o no que un tribunal italiano pueda embargar bienes del gobierno Alemán, para ejecutar en contra de éste, sentencias italianas y griegas interpuestas por particulares. ¿Es válido dicho embargo y ejecución de sentencias o está Alemania protegida por su inmunidad soberana?

II ] Los antecedentes

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania (pero no sólo ésta)¹⁰ cometió delitos muy graves contra el derecho internacional humanitario.

En el caso de las faltas cometidas contra nacionales italianos, fueron particularmente graves, porque Italia comenzó la guerra peleando del lado del Eje al que se sumó en Junio de 1940¹¹ y se unió a los Aliados en Septiembre de 1943, una vez que Benito Mussolini fue depuesto, y así, los italianos eran considerados por los germanos como “traidores que merecían un trato severo”.¹²

Las violaciones cometidas contra nacionales italianos eran fundamentalmente de tres distintas clases: a) trabajo forzado en Alemania por personas deportadas desde Italia; b) prisioneros de guerra italianos, que fueron apresados cuando Italia decidió cambiar de bando durante la guerra y unirse a los Aliados, y donde su trato era violatorio de la entonces vigente Convención de Ginebra de 1929 sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra,¹³ y c) las unidades militares alemanas cometieron un número considerable de masacres en contra de la población civil italiana.¹⁴

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el 10 de febrero de 1947, Italia suscribió en París un Tratado de Paz con los países que ganaron dicha confrontación bélica, que entre otros elementos relevantes, incluía una renuncia a reclamaciones por parte de Italia o de sus nacionales en contra de Alemania, por eventos previos al 8 de mayo de 1945.¹⁵

A pesar del texto previsto en el Tratado de París de 1947, y sin estar internacionalmente obligada a hacerlo, en 1953 la República Federal Alemana emitió una Ley Federal de Compensación Concerniente a Víctimas de la Persecución Nacional Socialista.¹⁶ Dicha legislación fue posteriormente modificada para incluir a grupos inicialmente no cubiertos por la citada ley.

El 2 de junio de 1961, y el 31 de julio de 1963 se suscribieron dos acuerdos adicionales entre Italia y Alemania para arreglar ciertas cuestiones de carácter relativo a propiedades, o de connotación económica o financiera, así como los relativos a compensación debida a la persecución sufrida a manos del gobierno Nacional Socialista. Nuevamente Italia reconocía que tanto dicho Estado como sus nacionales consideraban arreglado y finiquitado cualquier asunto relativo al período comprendido entre el 1º de septiembre de 1939 y el 8 de mayo de 1945.¹⁷

Finalmente, el 2 de agosto del año 2000, Alemania aprobó una Ley Federal que establecía una Fundación de Remembranza, Responsabilidad y Futuro que tendría fondos disponibles para personas sujetas a trabajo forzado, a través de organizaciones asociadas a dicho fondo. Dicha legislación excluía del derecho de compensación a aquellos que tuvieron el status de prisioneros de guerra, a menos que hubieran estado detenidos en campos de concentración u otras categorías referidas en dicha ley.¹⁸

Los litigios de los inconformes que buscan compensación, surgen tanto en Italia como en Grecia. No buscaré resumir todos los casos que dan pie a los embargos y búsqueda de ejecución de sentencias en contra del Estado Alemán. Sólo como ejemplo, me referiré a dos de ellos de manera sucinta.

1.- El caso Distomo surge en 1997 (previo a la ley alemana del año 2000) por la acción de familias de una masacre realizada por una unidad militar de la Wehrmacht en Grecia. Ante un ataque a sus tropas, el comandante militar alemán decidió ejecutar a toda la población del poblado de Distomo, localizado cerca del lugar del ataque, con un resultado de 212 personas asesinadas. El tribunal griego de mayor jerarquía, el Areios Pagos, dictó sentencia a favor de las familias, y desestimó los argumentos de Alemania de inmunidad jurisdiccional soberana.¹⁹ A pesar de la sentencia a favor, el Ministro de Justicia de Grecia se negó a ejecutar la sentencia, debido a la inmunidad jurisdiccional soberana de Alemania. Ante tal negativa, buscaron ejecutar la resolución en otro país, solicitando un exequatur en Italia, mismo que fue aceptado por los tribunales de dicho país, embargando Villa Vigoni, un centro cultural propiedad del Estado alemán, diseñado para facilitar los intercambios culturales entre dicho país e Italia.

2.- El caso Ferrini inició en 1998 ante el Tribunal de Arezzo. Luigi Ferrini, nacional italiano, había sido arrestado en agosto de 1944 y deportado a Alemania donde fue detenido y forzado a trabajar en una fábrica de municiones hasta que concluyó la guerra. El Tribunal de Arezzo desechó la demanda basándose en la inmunidad soberana de Alemania, igual que la Corte de Apelación de Florencia. No obstante, la Corte de Casación italiana admitió el caso, arguyendo que la inmunidad jurisdiccional no es absoluta y no puede invocarse por un país que ha cometido delitos graves en violación de normas de ius cogens.²⁰

III ] Alemania v Italia (con la participación de Grecia). Inmunidades jurisdiccionales del estado

Alemania interpuso una demanda en contra de Italia el 23 de diciembre de 2008, ante la Corte Internacional de Justicia (en lo sucesivo “CIJ”),²¹ arguyendo que Italia, a través de su práctica judicial, y especialmente la Corte de Casación de dicho país, había cometido “violaciones de obligaciones en los términos del derecho internacional”.²²

La jurisdicción de la Corte en este caso, se sustentó en lo previsto por el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al referir que pueden las partes obligarse mediante un tratado internacional a la jurisdicción de la Corte. La Convención que estipulaba esta circunstancia en este caso es el Convenio Europeo para el Arreglo Pacífico de Controversias del 29 de abril de 1957.²³

Dado que en el panel de jueces de la CIJ, ya había un juez alemán (Bruno Simma, quien fue juez desde 2003 y hasta 2012), y conforme a las reglas estipuladas por el Estatuto de la CIJ,²⁴ se designó al actual juez permanente en la CIJ, Giorgio Gaja, como juez ad hoc.

Las prestaciones que Alemania reclamaba de Italia eran fundamentalmente las siguientes:

1. Una declaración de la CIJ en el sentido de reconocer la violación por parte de Italia a la inmunidad de jurisdicción de que goza la República Federal Alemana conforme a derecho internacional, al haber permitido que reclamaciones civiles por reparación del daño, basadas en violaciones del derecho internacional humanitario por parte del Reich Alemán durante la Segunda Guerra Mundial, fueran admitidas en tribunales italianos, así como en tribunales griegos, con sentencias a ser ejecutadas en Italia;

2. Una declaración en el sentido de que tomar medidas de embargo en contra de “Villa Vigoni” (propiedad del Estado Alemán en Italia utilizado para fines no comerciales) fue una violación de la inmunidad jurisdiccional alemana.

3. Reconocer que se ha comprometido la responsabilidad internacional de Italia por los motivos antes referidos, y por ende, su obligación para asegurarse, por los medios de su elección, de que las decisiones de sus propios tribunales y otras autoridades judiciales que violen la soberanía de inmunidad de Alemania, se hagan inejecutables; y

4. Condenar a la República Italiana a tomar todas aquellas medidas para asegurarse de que sus tribunales no den trámite a acciones jurídicas en contra de Alemania fundados en los temas a los que se refiere el caso.²⁵

A la demanda, recayó una reconvención, en la que Italia buscaba fundamentalmente la reparación adecuada a víctimas italianas, por parte de Alemania, en virtud de las “graves violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas del Reich Alemán”.²⁶ Por tecnicismos que son irrelevantes para los alcances de este artículo, dicha reconvención fue considerada inadmisible por la CIJ.

El Estatuto de la CIJ, permite que terceros Estados participen en el juicio, tanto en su carácter de partes (en algo semejante a lo que en derecho mexicano sería calificado como tercería), o como lo que lo que usualmente se reconoce como amicus curiae. La República Helénica participó en este segundo carácter en este caso, dado su marcado interés, al ser esencialmente sentencias dictados por tribunales griegos, los que estaban siendo ejecutados por los tribunales italianos en contra de Alemania.

Los argumentos de las partes eran entonces relativamente claros. Por una parte, Alemania aseguraba que los tribunales italianos no podían admitir y tramitar demandas interpuestas por particulares en contra de dicho Estado, al estar éste protegido por Inmunidad Jurisdiccional Soberana. Italia por su parte, sugería que los actos cometidos por Alemania, eran de tal gravedad y violatorios de normas de ius cogens, que implicaban una excepción a la inmunidad jurisdiccional soberana de Alemania.²⁷

El hecho de que la inmunidad jurisdiccional tiene límites se puede advertir de cuando menos, algunas de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, de 2004.²⁸

Italia tenía como su principal argumento el que en su opinión, existe un vínculo entre la ejecución por parte de Alemania de sus acciones tendientes a compensar a las víctimas por violaciones graves de derecho internacional humanitario, y el hecho de que dichas víctimas no tienen un vehículo adecuado para reclamar dicha reparación. Italia sostiene que en estos casos, hay una excepción a la inmunidad de jurisdicción de la que gozaría Alemania en otros casos. Italia intuye entonces un límite a la inmunidad jurisdiccional cuando lo que está en juego son violaciones graves al derecho internacional humanitario.²⁹

Así, Italia está arguyendo, en el fondo, que la inmunidad, en cuanto a acta jure imperii no se extiende a daños o delitos que ocasionen muerte, lesión personal, o daño a la propiedad cometidos en el territorio del Estado del foro, y, segundo, que, independientemente de dónde tuvieron lugar los actos relevantes, Alemania no tenía derecho a inmunidad dado que esos actos involucran violaciones a normas ius cogens para las cuales no hay otros medios de exigibilidad.³⁰

Ninguna de las partes niega que Alemania actuó durante la Segunda Guerra Mundial en violación del derecho internacional humanitario y en contra del ius in bello en términos generales. La propia CIJ describe los hechos como actos “en completa violación de las más elementales consideraciones de humanidad”.³¹ Lo que Alemania arguye es simplemente que ya cubrió las compensaciones adeudadas, que ello está contemplado en los tratados internacionales antes referidos y que además, está protegida por la inmunidad soberana en temas jurisdiccionales reconocida por la costumbre internacional en los términos del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

La CIJ no considera que Alemania haya intentado lo suficiente para compensar a las víctimas de dichas atrocidades. De hecho, emite un peculiar e inusual (en sus sentencias) extrañamiento a los germanos con relación al texto de la legislación de compensación del año 2000:

The Court considers that it is a matter of surprise – and regret – that Germany decided to deny compensation to a group of victims on the ground that they had been entitled to a status which, at the relevant time, Germany had refused to recognize, particularly since those victims had thereby been denied the legal protection to which that status entitled them.³²

Lo que la Corte debe decidir finalmente en términos sustantivos es si en los procedimientos relativos a reclamaciones de compensaciones resultantes de las atrocidades descritas en el caso, y a las que se ha hecho breve referencia en este texto, los tribunales Italianos estaban obligados a acordar a Alemania, inmunidad de jurisdicción. La resolución de la Corte fue afirmativa³³ y por ello, condenó a Italia, prácticamente a la totalidad de las prestaciones reclamadas por Alemania.

La CIJ recalcó que su decisión se refería a acciones de los Estados, sin importar la gravedad de la violación o el hecho de que las normas violadas fueran perentorias de derecho internacional público.³⁴ Finalmente, desechó el argumento de último recurso esgrimido por Italia en el sentido de que no existía otro vehículo para que los afectados pudieran eficientemente exigir las compensaciones que reclamaban.³⁵

El 3 de febrero de 2012, la CIJ dictó su sentencia. Prácticamente con relación a cada una de las proposiciones contenidas en la sentencia, las prestaciones fueron otorgadas a favor de Alemania,³⁶ con el voto en contra del juez brasileño Cançado Trindade³⁷. En la primer prestación otorgada, votaron también en contra los jueces de Italia, Gaja, y de Somalia, Yusuf.

La decisión de la Corte ha sido calificada por sus críticos como “deliberadamente estrecha”,³⁸ al determinar que no existe ninguna excepción de daño territorial a la inmunidad en el contexto de reclamaciones que resultan de acciones realizadas por fuerzas armadas durante un conflicto armado.

El error, en la opinión de Trapp, es justamente que la inmunidad debería otorgarse solamente en aquellos casos en los que la conducta de las fuerzas armadas es congruente con el derecho internacional humanitario, y por ende, tal como lo afirmaba Italia, no debería estar presente cuando se violentan disposiciones de esta clase. En su opinión, ésta es claramente la postura que parecerían haber defendido en el caso Reparations los entonces jueces de la CIJ, Higgins, Buergenthal y Kooijmans³⁹

IV ] Algunas conclusiones

Para poder entender claramente las repercusiones de este caso, resulta necesario entender qué es y por qué existe la inmunidad soberana de los Estados. “La inmunidad jurisdiccional del Estado puede definirse como el atributo de todo Estado soberano, que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que realice en ejercicio de su potestad soberana, o bien sobre los bienes de los cuales es titular o utiliza en ejercicio de dicha potestad soberana”. ⁴⁰

Although sovereign immunity is in various domestic statutes proclaimed as a general principle, subject to wide-ranging exceptions, it is, of course, itself an exception to the general rule of territorial jurisdiction, the enumeration of non-immunity situations is so long, that the true situation of a rapidly diminishing exception to jurisdiction should be appreciated.⁴¹

Cassese explica cómo la doctrina de la inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros tiene cuando menos dos sustentos: (i) Los Estados no deben interferir con actos públicos de Estados soberanos extranjeros, por respeto a su propia independencia, y (ii) el poder judicial no debe interferir con la conducta de política extranjera de otros países. Evidentemente la pregunta es si ésta debe resultar aplicable cuando los actos de la autoridad no son legítimos sino claramente violatorios del derecho y particularmente si violentan normas con categoría de ius cogens.⁴²

¿Es factible decir que un Estado es soberano aún cuando dicha soberanía tiene límites? Por supuesto que sí.⁴³ La soberanía de todos los Estados está condicionada por tales necesarias calificaciones reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto. Tal como lo señala Endicott, para que un Estado sea soberano, necesita poder, para regular la vida en comunidad y en relación a ello, tener suficiente libertad de interferencia exterior y tener personalidad jurídica plena en el ámbito internacional. “Los Tratados podrían violar la soberanía, así como las reglas que son tratadas por la comunidad internacional como normas de ius cogens, pero ninguna de ellas lo hace simplemente por el hecho de establecer obligaciones a los Estados”.⁴⁴

El propio Hart arguye cómo la limitación de la soberanía es perfectamente factible e incluso necesaria:

The rules of international law are indeed vague and conflicting on many points, so that doubt about the area of independence left to states is far greater than that concerning the extent of a citizen’s freedom under municipal law. None the less, these difficulties do not validate the a prior argument which attempts to deduce the general character of international law from an absolute sovereignty, which is assumed, without reference to international law, to belong to states.⁴⁵

Los límites a partir de finales del siglo XIX se dieron al distinguir los actos ejecutados jure gestionis y jure privatorum, esto es, dependiendo de si el Estado extranjero los realiza en su carácter de autoridad (supraordenación) o como particular sujeto al derecho privado (coordinación).⁴⁶ Los primeros estarían protegidos por la inmunidad jurisdiccional, en tanto que los segundos no. El status questionis parecería indicar entonces que cualquier acto de carácter bélico realizado por un Estado, sea éste legal o ilegal, estaría protegido por la inmunidad jurisdiccional soberana.⁴⁷

En la actividad gubernamental y en especial jurisdiccional, resulta importante respetar la inmunidad jurisdiccional de los Estados. Al mismo tiempo, procurar la protección y defensa de los derechos humanos es particularmente importante en una época a la que Massini llama “paradójica”, dado que “en el mismo momento en que se proclaman y defienden con más énfasis los ‘derechos humanos’, es cuando menos las principales corrientes del pensamiento se encuentran habilitadas para fundarlas”⁴⁸ y además, cuando éstos probablemente más se violan.

En la medida en que el mundo siga teniendo como modelo de organización jurídica y política el esquema de Estados modernos (y con las correspondientes disputas en torno a quienes arguyen que debería por diversos motivos hablarse de Estados contemporáneos), la inmunidad soberana tiene sentido y su respeto fortalece la convivencia en comunidad global. No obstante, prácticamente todos entienden que dicha inmunidad no es infranqueable y que debe tener algunos límites y restricciones.⁴⁹ Lo que hoy se disputa en este caso y en otros foros, es la pregunta en torno a dónde deben estar dichos límites y restricciones.

La lectura de la Sentencia de la CIJ en Alemania v Italia tendrá interpretaciones que podrán ser contradictorias. Aquellos que favorezcan la solidez y fortaleza del Estado como indispensable para promover la sana convivencia internacional en la búsqueda del bien común internacional, la considerarán adecuada al reconocer la inmunidad jurisdiccional soberana de Alemania, en tanto que algunos defensores de derechos humanos considerarán que se ha fallado, en aras de la inmunidad de jurisdicción del Estado, a la adecuada defensa de los derechos humanos al impedir la compensación merecida para los reclamantes.

Estamos ante una resolución que claramente debe ponderar entre dos principios esenciales para el orden jurídico internacional, en una interpretación principialista.

Es aquí donde la hermenéutica jurídica debe actualizarse y mejorarse como señala Dworkin:

El juez debe tomar decisiones creativas, pero ha de intentar hacerlo continuando lo anterior... la mejor interpretación de las decisiones judiciales pasadas es la interpretación que muestra con la mayor lucidez, no estética, sino política, acercándolas lo más posible a los ideales correctos de un tema legal justo.⁵⁰

La postura italiana genera empatía y podría sintetizarse señalando que no objeta el concepto de inmunidad jurisdiccional, pero que ésta no debería llevar a la impunidad. ¿Realmente es eso lo que está en juego? ¿No había Alemania ya pagado las compensaciones y existen 3 tratados internacionales cuando menos que lo acreditan? La gran pregunta es si vale la pena proteger con inmunidad jurisdiccional actos de autoridad que son claramente violatorios del derecho.

La resolución de la CIJ se basa casi exclusivamente en derecho internacional consuetudinario, que es la segunda fuente autónoma del derecho internacional público, conforme al cual debe resolver dicho tribunal, en los términos de su propio Estatuto, del que son partes tanto Italia, como Alemania y Grecia. La CIJ reconoció conforme a las reglas estipuladas en los casos relativos a ello, y especialmente lo señalado en el North Sea Continental Shelf Case, la existencia de una costumbre internacional que otorga a los Estados inmunidad jurisdiccional, “que deriva del principio de igualdad soberana de los Estados”.⁵¹

Parece extraño que no haya fundado su resolución, cuando menos parcialmente en el hecho de que existen de manera expresa, tres tratados internacionales⁵² suscritos por las partes otorgando finiquitos a Alemania, previos a los casos iniciados tanto en Italia, como en Grecia, y que se buscaban ejecutar conforme a la resolución de la Corte de Casación italiana.

La Corte entonces centra su atención en el concepto sustancial de la inmunidad jurisdiccional de Alemania, aún en contra de reclamaciones que buscan compensación por actos cometidos en violación de normas imperativas de derecho internacional público. La CIJ está aclarando el panorama para señalar cómo en este tema, el camino hacia la reclamación judicial en tribunales locales de otros países, no será la vía adecuada, sino que, habría que buscar la reclamación ya sea en los tribunales locales del Estado al que se reclama, o por los conductos oficiales ante tribunales internacionales.

De hecho, no es nada nuevo. Lo que la CIJ está afirmando es que la posibilidad de permitir que los tribunales de un país embarguen y ejecuten sentencias contra otro Estado en temas como éste y sin acudir a instancias internacionales traería más perjuicios que beneficios en todos los ámbitos, y por ello, la costumbre protege a los Estados con la inmunidad. La costumbre además es clara y cumple con los requisitos del inveterata consuetudo y del opinio iuris sive necessitatis.⁵³

Coincido con Tomuschat cuando señala que los jueces nacionales de un país víctima estarán normalmente mal situados para administrar justicia de una forma imparcial y objetiva, y al contrario, estarán normalmente sujetos a enorme presión de parte de la población de su propio país, limitando de manera natural su propia independencia y objetividad. Además, si se permitiera en el ámbito internacional esta clase de afectaciones a los bienes de un Estado, se desataría con enorme probabilidad una carrera donde sólo los más poderosos podrían prevalecer.⁵⁴

¿Quién limitaría resoluciones injustas que pudieran dictar algunos tribunales nacionales en contra de Estados menores? La ausencia de respeto a la inmunidad jurisdiccional generaría muy probablemente abusos del derecho por tribunales de países proselitistas en temas específicos o particularmente poderosos e inhibiría quizá la inversión y presencia de activos de un Estado en otro, entre otras consecuencias previsibles.

Aunque la sentencia se refiere a la relación entre Italia y Alemania; sus implicaciones son enormes y para un número significativo de asuntos que se darán con frecuencia ante tribunales internacionales. Sin más, esta resolución tendrá implicaciones por ejemplo, en el caso que recientemente Argentina ha iniciado en contra de Ghana relativo a la liberación del embargo sobre la fragata Libertad ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.⁵⁵

Los derechos humanos deben ser respetados, pero es perfectamente factible ponderar las vías para que esto ocurra, con mecanismos que favorezcan y respeten la inmunidad jurisdiccional soberana de los estados. Parece tener razón el jurista alemán Christian Tomuschat, cuando sostiene cómo “state immunity has fully kept its raison d´ être and should not be abandoned on account of narrow considerations which do not take into account the comprehensive structure of the rules and mechanisms of international law”.⁵⁶