La relación entre el populismo y el nacionalismo catalán en España; aspectos jurídicos y de teoría política

JUAN ÁNGEL SOTO GÓMEZ¹

SUMARIO: I. Introducción. II. Aproximación al panorama político español. III. Podemos y populismo. IV. Podemos, populismo y democracia. V. Identidad y política en Cataluña: Un nacionalismo del Siglo XXI. V. Conclusiones.

Resumen. La pregunta de investigación principal de este trabajo consiste en si la aparición de Podemos representa la irrupción de un movimiento populista en España. Para ello será preciso un breve apunte histórico acerca de la Transición Española y sus características, en el que se considerarán diversos aspectos jurídicos relevantes. Para determinar por qué España, más de cuarenta años después de su renacer democrático, parece estar inmersa en los últimos años en la revolución política y social que no existió en 1975, se realiza una aproximación a dos conceptos que a priori parecieran ser dañinos para la democracia española: el nacionalismo catalán y el populismo, representado por el joven partido político Podemos. Lo anterior lleva a una serie de reflexiones acerca de estos fenómenos que pueden ser también aplicables a los recientes movimientos populistas y nacionalistas que están surgiendo alrededor del mundo.

Palabras clave: Nacionalismo, populismo, democracia.

Abstract. The main research question of this paper is if the emergence of Podemos represents the irruption of a populist movement in Spain. For answering this, it will be necessary to make a brief historical analysis about the Spanish transition and its characteristics, in which several legal relevant aspects will be considered. In order for determining why Spain, more than forty years after its democratic reborn, seems to be immerse in the later years in a political and social revolution that did not exist back in 1975, it is necessary to make an approach to two concepts that a priori seems to be harmful to the Spanish democracy: Catalan nationalism and populism, represented by the new political party Podemos. The aforementioned leads to a number of thoughts about this phenomenon that could also be applicable to the recent populist and nationalist movements that are arising around the globe.

Keywords: Nationalism, populism, democracy.

I ] Introducción

El objetivo de este trabajo es ambicioso. No obstante, su planteamiento es de lo más simple. Así, lejos de sumergirme en océanos insondables como sin duda son los fenómenos del populismo y el nacionalismo, la presente investigación va delimitando el amplio espectro de estos temas en diversas fases. Una primera etapa es la de renunciar a un análisis global de los nacionalismos y populismos. Esta renuncia responde a un motivo: tanto el primer fenómeno como el segundo han sido estudiados a lo largo del último siglo de forma cuasi-exhaustiva, lo que supone una limitación importante de cara a presentar una cierta originalidad en mi investigación. Un segundo filtro es el de estudiar ambos fenómenos dentro del ámbito español. Tampoco aquí trataré de realizar un análisis del origen y evolución de las manifestaciones de nacionalismo² y populismo. Si bien una brevísima contextualización histórica parece precisa, centraré mi estudio en lo sucedido en el último lustro, siendo esta la tercera acotación.

Una última delimitación es la del propio movimiento nacionalista. Existe en la actualidad una clara dominación del nacionalismo catalán en la esfera política y mediática sobre cualquier otro tipo de nacionalismo periférico en España. Esta predominancia del nacionalismo catalán se ha producido en los últimos años en sustitución del nacionalismo vasco, cuya importancia era aducida no solo a su activa vida política en el panorama regional y nacional sino también a la actividad del grupo terrorista ETA, que se arrogaba la defensa de Euskal Herria como proyecto político. Así, hablar en 2016 de nacionalismos en España lleva inequívocamente a pensar en primer lugar en el fenómeno catalán y es por ello por lo que el estudio del movimiento nacionalista queda reducido, a los efectos del presente estudio, al caso de Cataluña.

Por último, el objeto de esta investigación pasa por una primera fase de determinación de la existencia de nacionalismos y populismos en España. Sin embargo, no se persigue aquí un análisis autónomo de estos fenómenos, como elementos independientes en sus causas y manifestaciones. Todo lo contrario, se pretende delimitar y analizar el área de intersección entre el nacionalismo y populismo, haciendo especial hincapié en lo acontecido en Cataluña, considerada en el presente trabajo, como laboratorio donde prima facie se observa una relación simbiótica entre ambas realidades.

El presente estudio viene motivado por el creciente interés de la población en la esfera política. Los políticos son objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación y el electorado, y el seguimiento que se hace acerca de ellos recorre desde su ideología hasta sus vidas privadas.

Así, en el caso de España los debates políticos alcanzan récords de audiencia en televisión y se observa la irrupción de nuevos partidos que parecen poner en un aprieto a los dos históricos; el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Ahora ocupan por primera vez escaños en el Congreso de los Diputados representantes de Ciudadanos y de Podemos, revistiendo éste último partido político especial interés a los efectos del presente análisis por su origen y naturaleza radicalmente distintos a los de sus contendientes.

Podemos es el auténtico protagonista de esta nueva etapa política en España y aunque hace las delicias de algunos, recibe fuertes críticas por otros que cimientan la base de su ataque denunciando el populismo que subyace bajo la ideología de este partido y que queda reflejado en las políticas que éste propone. Resulta sin lugar a dudas un fenómeno apasionante y de gran actualidad al que, a mi entender, deben aproximarse no solo las voces críticas apoyadas en impresiones u opiniones, sino también un estudio pausado, cimentado sobre bases teóricas y que realice el esfuerzo de analizar la cuestión desde un punto de vista objetivo considerando aspectos de ciencia jurídica y política.

La limitación más significativa de este trabajo es la relativa novedad del fenómeno político de Podemos. La escasa literatura existente sobre los temas objeto de estudio dificulta la configuración de una suerte de estado del arte sobre esta materia que pueda ser usado como punto de partida. Además, aún en el caso de que se determine en el presente estudio que, en efecto, existe una relación entre la ideología que subyace en el grupo político de Podemos y la que nutre al movimiento independentista catalán, no se puede afirmar que haya una relación de causalidad entre ambos. Una relación así sería la que se desprendería al señalar que uno de los objetivos de Podemos es la maximización del rendimiento del esfuerzo independentista catalán.

II ] Aproximación al panorama político español

Conviene realizar en primer lugar una breve aproximación al panorama político español actual, con el fin de determinar sus notas características o, desde otra óptica más crítica y analítica, las dolencias que padece.

1. La transición democrática

Los estudios³ acerca de los fenómenos democratizadores suelen emplear una distinción fundamental entre dos procesos: un proceso de transición a la democracia y otro de consolidación de la misma (Powell, 2006). Así, se denomina Transición Española al periodo de tiempo de la historia de España en el que se llevó a cabo un proceso de democratización por el que el país abandonó el régimen dictatorial del general Franco para pasar a regirse por una constitución que instauraba un Estado social y democrático de derecho.

Existe cierto consenso en situar el inicio de la Transición en la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975. No obstante, no hay consenso acerca de la fecha en la que ubicar el fin de esta etapa. Los hay quienes sitúan su fin en el momento de aprobación de la nueva y actual Constitución el 6 de diciembre de 1978. Sin embargo, otros cierran el proceso de la Transición con la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña el 25 de octubre de 1979. También se sitúa el final de la Transición con el golpe de estado fallido del 23 de febrero de 1981. Finalmente, se relaciona también con la aplastante victoria en las urnas del PSOE en 1982.

La Transición es vista por muchos como el mayor logro de la historia reciente de España y por otros como un error de partida. Si bien es cierto que existe en nuestro país una percepción generalizada de que la Transición fue un proceso ejemplar, también existen numerosos críticos de esta opinión. Los del primer grupo destacan la importancia de la pacífica transición a una democracia que echó a rodar rápidamente tras un largo periodo dictatorial. Así, voces como la de Michnik califican a la Transición Española como la mayor hazaña del siglo XX.

En oposición a los defensores de la Transición como éxito político y nacional, se alzan voces críticas contra el proceso de democratización de España tras el régimen franquista. En opinión de este sector, ha sido en los últimos años cuando se ha puesto en tela de juicio la hasta hace poco intocable e incuestionable Transición. Así, señalan que la sociedad española debe despertarse por fin de ese sueño de mentiras que era esa consideración de la Transición como algo ejemplar. Y su gran crítica es que en ese proceso se olvidó lo verdaderamente fundamental: la construcción de una fuerte y auténtica democracia. Estas voces críticas tildan la Transición Española de una salida amañada del franquismo o de la sustitución de un autoritarismo por otro. Así, niegan rotundamente que la de la Transición sea la historia de un milagro. Destacan que la clase política tomó el poder a espaldas de la sociedad, de forma que se produjo un traspaso simulado (que no real) del poder a los ciudadanos, no siendo esto apenas percibido puesto que, habiendo vivido cuarenta años de dictadura franquista, la nueva democracia parecía en realidad la creación de una cultura armoniosa de convivencia en libertad. En este sector hay también quienes son de la opinión de que se debería haber producido un proceso semejante al de 1945 con la caída de los totalitarismos fascistas en Europa (Navarro, 2000).

Ahora bien, las circunstancias eran muy distintas en 1945 y en 1975. En la primera fecha finalizaba la Segunda Guerra Mundial; el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad mientras que en el segundo de los casos, las reformas y transiciones fueron aterciopeladas en comparación con el modo en que cayeron el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Además, existe el factor del tiempo transcurrido. En 1945 el final del conflicto bélico y de los regímenes totalitarios fue simultáneo. Por el contrario, en el caso de España la guerra civil había terminado hacía casi cuatro décadas. En cuanto a la represión durante la dictadura franquista, cuando ésta finalizó, lo peor ya había acontecido hacía tiempo. No era de ninguna forma una amnesia colectiva, sino una voluntad intensa de reconciliación que llevó a una suerte de amnistía recíproca. Y esto es precisamente lo que los defensores del carácter modélico de nuestra Transición argumentan: la indudable grandeza de dejar atrás nuestras diferencias para construir un mundo nuevo; una España nueva. Ahora bien, lejos de calificar la transición como modélica bajo el amparo de un mero sentimiento de autosatisfacción, es preciso acudir a voces autorizadas que ven en nuestra Transición un caso de éxito al considerar el punto de partida y el resultado, así como las dificultades a lo largo del recorrido.

En lo que al punto de partida se refiere, España había tenido un régimen notablemente más fascista que Portugal (Nataf y Sammis, 1990) y mucho más duradero que Grecia. Además, a diferencia estos dos países, cuyas transiciones se iniciaron con un acontecimiento percibido como el final de la dictadura autoritaria (una derrota militar en Grecia y un golpe militar en Portugal), en el caso español no hubo tal.

Ahora bien, al estar dotada España de una estructura institucional completa durante la dictadura franquista, cuando ésta tocó a su fin quedaba poca flexibilidad o huecos para ser completados por contenido y tintes democráticos. Y es que la manera en la que se llega a un destino democrático tras una transición depende en gran medida de la naturaleza del régimen previamente existente (Powell, 2006). Además, la pluralidad del panorama regional español, junto al problema del terrorismo dificultaban enormemente este proceso de democratización nacional. Y aún con todo, la Transición Española fue un caso paradigmático de transición pacífica pactada y de rápida consolidación democrática (Linz, 1996). Así, en comparación con otros procesos semejantes de transición a una democracia, en España se produjo uno bastante completo, sin dejar lugar a islas autoritarias, como sí que sucedió en Chile (Tusell, 2012).

Por otra parte, en lo referente al recorrido o procedimiento, es preciso señalar la existencia de diversos caminos hacia un resultado democrático. Ahora bien, atendiendo a estudios paradigmáticos acerca de la democratización (Linz y Stepan, 1990), destacan tres vías: desde fuera, desde abajo o desde arriba. Pues bien, el caso de España quedaría enmarcado en este último modelo: desde arriba, quedando nuestra transición catalogada como un ejemplo de democratización iniciada en el seno del régimen autoritario por la élite civil. Ahora bien, un modelo democratizador desde arriba trae consigo ciertos riesgos, o al menos comporta algunas limitaciones, que son las imperfecciones que se encuentran presentes en la España actual. Y estas imperfecciones democráticas son las reglas de juego que el gobierno autoritario saliente trató de crear, consiguiéndolo en muchos casos. Estas reglas son tanto formales como informales, garantes de la preponderancia de esas élites civiles que protagonizaron la salida del régimen anterior y la salvaguarda de sus intereses en el nuevo sistema político. Es por ello comprensible la crítica de los detractores del carácter redentor de nuestra Transición, lamentando su marcado carácter pactista y poco rupturista, y tildándolo de mero acuerdo entre élites, desarrollado a espaldas de la ciudadanía. Ahora bien, desde mi punto de vista, la calificación ha de ser más templada, aduciendo a estos defectos de la Transición la debilidad actual de la sociedad civil en sede de mera correlación, no siendo posible efectuar una relación de causalidad entre ambos fenómenos.

Se observa en definitiva una clara oposición de opiniones. Por ello, y considerando que incluso aquéllos que defienden el éxito de la Transición aceptan que se hizo lo mejor que se pudo dadas las circunstancias y su modelo desde arriba, es preciso reconocer que sin esas circunstancias, el resultado pudo ser mejor. Así, ha de determinarse que la Transición fue un proceso incompleto, apresurado y muy limitado por sus condicionantes y el contexto histórico. Y la muestra más representativa del carácter incompleto de la Transición es el hecho fehaciente de que hemos fracasado en la cohesión, la unidad y la convivencia. Temas como el del nacionalismo o la división radical y enfrentada de las ideologías en la población española dan fe de ello. Vivimos en un país que no ha sabido articularse y crear una estructura que proteja un proyecto definido de solidaridad y convivencia. A todo ello se une, además, la falta de cultura política que ha tenido históricamente España, y acentuada en la ya mencionada imperfecta Transición.

Ahora bien, aceptando el carácter incompleto de la Transición, no parece acertada la opinión de aquéllos que proponen una enmienda a la totalidad (Navarro, 2000). A los efectos del presente estudio únicamente corresponde aquí observar cómo la actividad (o el activismo) de ciertos grupos ciudadanos ha venido a resolver ciertas carencias que creían encontrar en la Transición.

2. La cultura política española

La cultura política hace referencia a las orientaciones sobre política; a las actitudes hacia el sistema político y sus diferentes partes, así como a la posición y papel del individuo en el sistema (Almond y Verba, 1963).

Es por muchos criticado que la pobreza de la cultura política de la ciudadanía española queda constatada al observar que todo parece reducirse a acudir cada cuatro años a las urnas para ejercer el derecho a voto y poco más. Aquí también considero extremas las opiniones de aquéllos que tildan el régimen actual en nuestro país de partidocracia o semidemocracia, fruto de una Transición que habría desembocado en una suerte de democracia para el pueblo, pero sin el pueblo⁴. Ahora bien, sí que creo posible afirmar que, como heredera de nuestra Transición, la cultura política española no es sino un fenómeno dominado por los partidos políticos y políticos profesionales; un régimen en el que la sociedad civil y el ciudadano están en un segundo plano.

Tampoco pretendo efectuar aquí un análisis pormenorizado de la cultura política española y de cómo ha evolucionado ésta desde la última eclosión democrática en 1975, haciendo remisión a su estudio por parte de voces más autorizadas⁵. Además, esto carecería de interés para el presente estudio, puesto que en los últimos años se han producido diversos cambios importantes en la trayectoria de la cultura política española, siendo éstos los verdaderamente relevantes para este trabajo.

La democracia española actual representa un modelo de bajo perfil de apoyo ciudadano que, a mi entender, se debe a dos motivos fundamentales: (i) la sacralización de los partidos políticos a la vista del régimen dictatorial anterior, y la legitimación que automáticamente se les atribuye; y (ii) el desencanto progresivo de la población con respecto al funcionamiento del sistema actual.

Por un lado, en 1975 cualquier sistema de partidos políticos y elecciones libres en democracia parecía mejor que un régimen dictatorial como el franquista. Esto supuso que, implícitamente, la población española entregara un cheque en blanco a la clase política, que se revistió de púrpura adoptando un carácter sacro hasta hace bien poco incontestable. Como resultado, los sondeos realizados muestran una gran adhesión a la democracia y, a su vez, un bajísimo grado de implicación subjetiva con la misma⁶, convirtiendo a la cultura política española en un modelo básicamente pasivo y apático.

Por otro lado, si bien la democracia había estado idealizada tras cuarenta años de dictadura franquista, la irrupción de escándalos políticos y casos de corrupción, la distancia entre las promesas electorales y los resultados, etc. han hecho cundir la desilusión entre la sociedad española⁷. Y todo ello ha sido caldo de cultivo para que se produjesen cambios relativamente repentinos a escala nacional y regional.

Los cambios más significativos han sido la irrupción del populismo y del nacionalismo catalán en estrecha relación con el anterior, en una vorágine que destapa viejas polémicas que parecían resueltas o, como poco, olvidadas (como por ejemplo las de la naturaleza de España como Estado plurinacional). Esto podría señalar que muchas de estas controversias se maquillaron en lugar de solucionarse, y fueron pasadas por alto durante la Transición. Así, en la actualidad, nos encontramos inmersos en un proceso de fin de la política del consenso que caracterizó los primeros años de nuestro renacer democrático y que había sido la tónica general durante los últimos treinta años (Morán, 2010).

3. El fenómeno Podemos

Corresponde analizar a Podemos desde una óptica cronológica y, de constatarse así, también (o, por tanto) evolutiva. Así, en primer lugar es preciso aproximarse al movimiento del 15-M. Éste, también llamado movimiento de los indignados (en adelante, indignados), fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 (convocada por diversos colectivos), donde se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y grandes corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.

La importancia del desempeño de los movimientos sociales como el del 15-M se ha materializado, a lo largo del tiempo, en distintos aspectos de la realidad social y política como el cambio de los valores, la incorporación de demandas sociales a agendas políticas, la repercusión de éstas sobre los partidos políticos. Ahora bien, lo más relevante en torno a los movimientos sociales; a su desarrollo e impacto, es la cuestión democrática. Hasta tal punto es así que hay autores que señalan que movimientos como el de los indignados es de verdadera revolución democrática (Rodríguez, 2013). Y esto viene motivado por el hecho de que estos movimientos tratan de ampliar el espectro democrático tanto en la forma como en el fondo, a la vez que aspiran al reconocimiento de más derechos y libertades. Así, existe una correspondencia entre democratización y movimientos sociales (Tilly, 2010). En el caso que nos ocupa; España y el 15-M, este proceso de democratización es opuesto en su concepción y desarrollo al llevado a cabo durante la Transición. Si ésta se caracterizó por ser liderada por las élites políticas, el 15-M es un movimiento comenzado desde abajo. Desde esta perspectiva, el 15-M fue un movimiento popular nacido con el fin de ser un instrumento que obligase a las élites a negociar y el cual permitiese una mayor apertura democrática.

No obstante, la afirmación de que el movimiento social del 15-M sea una causa de la democratización no está exenta de discusión, puesto que hay quienes sostienen que los movimientos sociales son más un síntoma que una causa de la democratización (Ulfelder, 2005). Y lo que es más, los movimientos sociales pueden llegar a ser posibles amenazas para una democracia ya real o existente. Y este es el peligro del populismo. Sin embargo, antes de sumergirnos en el fenómeno del populismo es preciso atender a la anteriormente suscitada relación entre el movimiento de los indignados o 15-M y Podemos. La cuestión es, por tanto, dilucidar si Podemos es una política de movimiento o bien un movimiento reconvertido en partido político.

Hay quienes son de la opinión de que Podemos no surgió ni como evolución natural ni como apuesta institucional del 15-M. Los defensores de esta postura señalan que la relación entre el movimiento de los indignados y Podemos existe, pero sin ser por ello dos fenómenos intercambiables de forma que el segundo pasó a sustituir al primero. Para éstos, el 15-M fue el movimiento social que realizó una enmienda a la totalidad de la realidad política y democrática española, ajeno a toda burocratización o institucionalización. Y por otra parte, Podemos emergió con el objetivo de transformar movilizaciones sociales (incluyendo la del 15-M) en mayorías políticas de forma que pueda introducirse en el campo de su rival (la vieja política) y cambiar las instituciones desde dentro. Así, Podemos no sería un fin para sí mismo sino un instrumento para asegurar la efectividad de las demandas enarboladas por los movimientos sociales.

En mi opinión, la cual es compartida por muchos autores, Podemos es el heredero del 15-M. Si el 15-M fue la expresión social de la crisis del régimen político español, Podemos es su expresión política y el sucesor del anterior. A mi entender, el 15-M puso sobre la mesa los ingredientes o herramientas para provocar el cambio político; elementos que han quedado dentro de la estructura institucional de Podemos. Es cierto que existen flecos del 15-M que no han sido abarcados por Podemos, o que Podemos nunca ha querido representar políticamente a un movimiento ciudadano tan heterogéneo y de casuística casi ilimitada. Ahora bien, creo que ello no es óbice para afirmar que Podemos se nutrió e incluso que es el resultado político de la expresión social del 15-M.

Existen numerosos ejemplos que dan fe de esta cadena evolutiva; del paso del 15-M a Podemos, como es la igualdad en sus líderes, en sus padres ideológicos y en su sustrato de indignación y protesta contra el régimen establecido. Así, el ejemplo más manifiesto es el hecho de que, aun siendo Podemos un partido político que de hecho está llamado a jugar un papel importante tras los 69 escaños obtenidos en las pasadas elecciones del 20 de diciembre de 2015, la mayoría de sus votantes no depositaron su confianza en la formación liderada por Pablo Iglesias para la elaboración de nuevas políticas. 

Tabla 1. Tabla desarrollada a partir de la información obtenida por Metroscopia a través de encuestas telefónicas.

Se observa en la Tabla 1 que ni tan siquiera lo hicieron por compartir la ideología de la que Podemos se nutre. Por el contrario, el principal motivo para votar a Podemos a lo de su vida ha sido la sensación de decepción con el sistema actual. Así lo demuestra también su afán por sustituir lo existente; por renovar el sistema político y las enfermedades que lo asolan, tal y como señala la Tabla 2.

Tabla 2. Tabla desarrollada a partir de la información obtenida por Metroscopia a través de encuestas telefónicas entre el 13 y 16 de enero de 2015.

Se observa así que hay mucho de esa indignación en la formación política que configura Podemos, lo que confirma la sospecha de la similitud (si no identidad) entre éste y el 15-M. Pero estas similitudes han de ser precisadas.

Así, en primer lugar es de destacar la similitud en las bases sociológicas de ambos fenómenos. Tanto Podemos como el 15-M presentan bases sociológicas ciertamente transversales. Esto es, cuentan con la confianza de grupos sociales muy amplios y distintos entre sí. Tal y como señalan los profesores Cordero y Torcal de la Universitat Pompeu Fabra, es preciso desmentir la impresión de que el votante prototípico de Podemos es joven, urbano y con estudios superiores. Lejos de este perfil preconcebido, se observa que sus votantes no son tan jóvenes, superando su edad media los 45 años. Tampoco se caracterizan por su formación superior y universitaria, estando por detrás de los votantes del PSOE en formación, y siendo éstos últimos los que estaban a la cola históricamente. Por último, si bien existe una gran concentración de simpatizantes en las grandes ciudades (prueba de ello es la reciente victoria de Podemos o sus partidos afines en las alcaldías de Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras), no puede afirmarse que el votante de Podemos sea urbano. Por el contrario, se observa cómo los votantes estándar de Podemos son los más rurales de toda la oferta política (superando aquí también al histórico partido rural; el PSOE).

De hecho, únicamente hay una nota común que caracteriza a los votantes de Podemos; la desafección política. La indignación, lo cual también contribuye a cimentar la tesis de la semejanza o identidad entre el 15-M y Podemos. Se trata, en definitiva, de ciudadanos que, bajo diferentes condiciones o circunstancias, formarían parte del sector abstencionista, pero que ante la situación actual deciden apoyar a una formación de ruptura (Cordero y Torcal, 2015). Se concluye así que el 15-M de 2011 evolucionó y se dotó de una estructura configurando lo que en la actualidad es el partido político Podemos. Sin embargo, resta analizar si la ideología y el mensaje de Podemos puede catalogarse como populismo.

III ] Podemos y populismo

En primer lugar es preciso aproximarse al concepto de populismo. Pues bien, creo conveniente comenzar señalando la dificultad que entraña su propia definición dado que se trata de un fenómeno que recorre una amplia pluralidad de regímenes, circunstancias y condiciones (Álvarez, 1987). Así lo señala también Santiago Míguez, director del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de A Coruña al reconocer que no es fácil su definición. También es de destacar que esta falta de consenso no es nueva, puesto que hace décadas ya se debatía la cuestión de si existe o no un sustrato subyacente a todas las manifestaciones populistas (Ionescu y Gellner, 1970), lo que lleva a asumir con no poca resignación que una teoría universal y comprensiva del populismo es una tarea imposible de alcanzar⁸.

No obstante, existen algunas aproximaciones aceptadas y utilizadas en la mayoría de estudios acerca del populismo. He querido acogerme aquí a la elaborada por Roberts⁹, quien señala cinco características esenciales del concepto de nacionalismo. Si bien su teoría tampoco es aceptada por todos, el relativo consenso existente en el mundo académico permite su utilización sin temor a utilizar definiciones que puedan ser más limitadas (no abarcando toda la casuística conocida). Además, considero especialmente relevante su cuarto punto, el cual será sobre el que cimiente mi argumentación de por qué Podemos es, en efecto, un movimiento populista.

Las cinco características en cuestión son las siguientes:

(i) Liderazgo político personalista y paternalista, no necesariamente carismático.

(ii) Coalición de apoyo policlasista basada principalmente en los sectores subalternos.

(iii) Movilización política sostenida en la relación directa entre el líder y las masas que se salta las formas institucionalizadas de intermediación.

(iv) Discurso antielitista y/o antiestablishment basado en una ideología ecléctica.

(v) Utilización de métodos redistributivos y clientelistas que convierte a los sectores populares en base de apoyo al régimen.

Estas cinco características se contemplan como una suerte de mínimo común a todo populismo. Sin embargo, no resulta necesario analizar cada uno de estos puntos para afirmar que Podemos es un movimiento populista¹⁰ puesto que tal afirmación depende del concepto de populismo que se baraje (si bien a continuación me centraré en la cuarta característica de la tipología de Roberts; la del discurso populista). Además, es precisamente la indefinición el gran activo del populismo. De existir un acuerdo acerca de sus características y elementos definitorios, se habría transformado en una etiqueta política; la misma que se utiliza para designar una amplia gama de fenómenos, partidos, movimientos, líderes democráticos y autoritarios de distintas épocas, lugares y afiliaciones ideológicas (Ruiz, 2006).

Lo que si es por todos aceptado y que resulta útil para este trabajo es que el populismo es una forma de hacer política. Pero además es una forma muy particular, cuyo objetivo fundamental es tomar el poder o, al menos, influir en él. Así, será esta forma de hacer política la que configure la estrategia de Podemos. He de señalar aquí que, mientras que algunos autores defienden que el elemento fundamental que caracteriza al movimiento populista es el estilo político (Knight, 1998), considero más pertinente definir el populismo de Podemos en términos de estrategia política, siguiendo la línea de otros estudios (Weyland, 2001), puesto que creo delimita más acertadamente el término populismo y, por ende, a Podemos. Y el núcleo central de esta estrategia es el discurso que emplea este partido político.

Pues bien, jugando con esta indefinición, Podemos se configura por tanto como un partido anti-partido en lo esencial, que es el discurso. Esto es así dado que pueden señalarse tres grandes elementos configuradores del mismo: Por un lado, (i) la apelación al pueblo como sujeto privilegiado de interpelación¹¹. Por otra parte, (ii) se observa la protesta contra el establishment¹² o casta en palabras de Podemos (protesta que, ya lejos de sorprendernos, nos trae a la memoria el 15-M). Y por último, (iii) la defensa de una identidad que se erige como frontera política que separa al pueblo del establishment.

En lo que respecta a la primera característica del discurso de Podemos, éste se refiere continuamente al pueblo como objeto de apropiación, irguiéndose como único representante del mismo; como el único conocedor de sus intereses, como veremos a continuación. La consecuencia de este comportamiento es bastante clara: la exclusión y marginalización de todos aquellos que no apoyen al representante del pueblo. De esta forma, se produce una reversión del mecanismo democrático. Si en democracia es el pueblo quien elige a sus gobernantes, bajo un régimen populista es el gobernante quien decide quién forma parte del pueblo y quién no. Por lo tanto, si la democracia es inclusiva y heterogénea, el populismo es excluyente y homogéneo, tal y como veremos en la explicación de la tercera característica.

Corresponde ahora analizar la segunda característica; la protesta contra el establishment. En cuanto a quiénes conforman el mismo, éstos son las élites; la denominada casta. Este último término ha quedado configurada en el discurso de Podemos por las grandes corporaciones, la banca y los políticos profesionales. Por contraposición, el pueblo al que dice representar Podemos es el conjunto de todos aquellos que se han sentido traicionados o expoliados por los de la casta. Este es un mensaje simple y emocional que logra un objetivo muy claro: la unidad frente a un enemigo común. Queda así establecido el antagonismo entre élite o casta y el pueblo. Y, evidentemente, será el partido político (Podemos y otros) los que se configuran como los únicos capaces de defender al pueblo. Pero lejos de tratarse de una defensa pasiva, ésta es de lo más activa ya que no basta tan siquiera con tener representación en el Parlamento, ser oposición, coaligarse con otros partidos o, en definitiva, hacer política. No, es preciso ocupar el Estado; asaltar el Cielo, en palabras de su líder, Pablo Iglesias.

Este modus operandi se encuentra a todas luces alejado de lo que entendemos por democracia liberal. De hecho, la democracia es todo lo contrario. Tal y como señala el profesor Francesc de Carreras, se trata de un sistema político muy defectuoso, necesitado de correcciones y renovaciones, y siempre consciente de que nunca alcanzará la perfección. En la democracia, nada es sencillo sino que todo es complejo, es lenta en sus actuaciones pero segura en sus decisiones, tomadas tras un proceso público racional y argumentativo¹³.

Finalmente, en lo que respecta a la tercera de las características, es preciso destacar que con el objetivo de crear una frontera divisoria entre el pueblo y el establishment, el discurso populista de Podemos emplea un concepto universal de pueblo. Esta actuación es propia de un movimiento populista dado que los discursos y movimientos populistas se esfuerzan por eliminar la ambigüedad¹⁴ del significado de pueblo. Por el contrario, en una verdadera democracia, el pueblo no es una unidad homogénea sino un conjunto plural y heterogéneo en su naturaleza, intereses y actuación, lo que genera inevitables conflictos internos que habrán de ser resueltos por los cauces previstos, siendo éstos también una seña de identidad democrática. Así, una democracia liberal no es únicamente la ostentación del poder por el pueblo sino, además (y sobre todo), un sistema orgánico de controles mutuos (Carreras, 2015). En este sistema, las decisiones políticas no son producto de una sola voluntad sino de un proceso en el que actúan voluntades diversas con funciones muy distintas¹⁵. Para el populismo de Podemos, el Estado es una suerte de mecanismo conocedor ex ante de los intereses de un pueblo del cual se autoproclama figura mesiánica. Y, en oposición a esta concepción, para una democracia el Estado se torna un instrumento complejo cuya misión fundamental es crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos vivan en libertad e igualdad.

Se afirma así que Podemos es una formación populista en la medida en que aspira a una gran movilización social ante unas élites percibidas como lejanas o que se han convertido en una oligarquía (casta) que, pretendidamente, han secuestrado o limitado los derechos de la ciudadanía. Se impone, pues, una movilización que acorte la distancia entre representados y representantes políticos¹⁶.

IV ] Podemos, populismo, y democracia

La cuestión que corresponde analizar aquí es si debe verse al populismo como una suerte de sub-modelo democrático o como un rival antagónico a la democracia. Pues bien, no creo que deba realizarse la dicotomía radical democracia-populismo sin una explicación previa, puesto que el populismo tiene cabida en democracia… o mejor dicho; es una degeneración progresiva de la democracia misma, llamada a alcanzar el poder y cambiar las reglas del juego político de forma que sea capaz de instaurar un sistema distinto que, muy probablemente, ya no pueda ser denominado democrático. Y es que si la política se plantea en términos democráticos y liberales, cabe denominar anti-político al fenómeno del populismo¹⁷.

La política, en un contexto democrático y liberal, lleva consigo cierto grado de tolerancia, pragmatismo e institucionalización, mientras que el populismo se conjuga con dificultad con todo ello. Por el contrario, el populismo es maximalista y poco pragmático por su naturaleza que le lleva a rechazar subversivamente toda institución o estructura jerarquizada. Por todo ello, aun cuando parece existir una identificación entre democracia y pueblo, en realidad las instituciones de la democracia moderna impiden tal asociación.

En España, el populismo pone en cuestión la Transición política, considerándola un simple cambio cosmético del franquismo, una mera continuidad del mismo. En estos términos, el populismo (cuyo máximo exponente en nuestro país es Podemos), no es una nueva manera de entender la democracia, sino un movimiento que pretende acabar con ella. Ahora bien, si está llamado a devorar a la democracia española, cabría preguntarse entonces por qué ha tenido un éxito arrollador en los últimos dos años. Y el motivo es que no son necesarias propuestas constructivas, sino que su discurso es de protesta e indignación (ver Tablas 1 y 2). Su razón de ser viene dada por el hecho de que España funciona mal, no soluciona los problemas de amplios sectores sociales ni da respuestas a sus demandas. Así, el éxito de Podemos no podría explicarse sin la crisis económica, el paro, la corrupción política y el desprestigio de los grandes partidos. Por tanto, y en la misma línea que se afirmaban las imperfecciones de la Transición, hay causas para el cambio. No obstante, la cuestión radica en si este cambio debe consistir en una reforma del sistema o en una ruptura del mismo. Y hablo de ruptura porque el populismo de Podemos y otros tantos, con sus pretensiones de radicalidad democrática, lo que pretende es cambiar el sistema de raíz (donde cambio no es sino un eufemismo para destrucción) aplicando unos criterios tan simples como terribles: la definición y posterior contraposición de malos y buenos. Así, el discurso de Podemos resulta nefasto puesto que establece que el mal está en las élites (y en aquéllos que les votan) y el bien está en el pueblo (en todos aquéllos que no votan a estas élites). De esta manera, el populismo se ha arrogado en España la representación del pueblo de manera unilateral.

Este antagonismo entre los fenómenos de populismo y democracia trae consigo una clara consecuencia: si el Estado democrático liberal busca la autonomía de los ciudadanos, el Estado populista tiende a una deriva totalitaria. Este conocimiento previo de los intereses del pueblo por parte del populismo implica que un sistema así rechace debates o controles para garantizar estos intereses. Si el régimen populista es conocedor de antemano de aquello que conviene a estos individuos y utiliza su poder para tomar las decisiones oportunas sin necesidad de utilizar procedimientos para consultarlos. No se trata, pues, de dos formas de gobierno distintas, sino de dos formas de Estado diferentes: la una, democrática, y la otra, no¹⁸. Por lo tanto, la irrupción de Podemos y las demás manifestaciones en nuestro país han de observarse con recelo y ánimo de denuncia, dado que las formas de gobierno rupturistas rompen la sociedad democrática.

Esta contraposición de populismo y democracia también ha de analizarse en el plano teórico. Y es que afirmando tal distinción se observa que democracia no es sinónimo de gobierno del pueblo¹⁹. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la democracia es un conjunto de normas, procedimientos e instituciones que ponen freno o cauce a manifestaciones tumultuarias, explosivas o emotivas provenientes del pueblo. De este modo, mientras la democracia pretende una incorporación política regular, institucionalizada y limitada, el populismo parece requerir una movilización episódica, irregular e intempestiva²⁰. Así pues, aunque a priori democracia y populismo puedan parecer dos conceptos cercanos e incluso iguales, en realidad distan mucho de serlo.

Si bien una democracia moderna tan solo puede entenderse en la actualidad dentro del género de democracia liberal²¹, es de señalar que la cercanía del populismo con la democracia plebiscitaria, cuestión a la que volveremos a aproximarnos al tratar el caso del nacionalismo catalán.

Por último, cerrando el tema teórico a la vez que la cuestión que nos ocupa, creo conveniente hacer una brevísima referencia al modelo de democracia populista²². La democracia populista se caracteriza por autoproclamarse democrática, empleando como discurso legitimador la creación de una sociedad socialista igualitaria. Ahora bien, la democracia populista dista mucho de ser democrática dado que, entre otras características, en ellas el pluralismo es muy limitado o, en la práctica, inexistente permitiéndose en ocasiones un único partido político, existe un férreo control de la prensa y la libertad de expresión está muy limitada.

Se trata, echando la vista atrás, de un fenómeno al que se referían los ilustrados dieciochescos en Inglaterra (Edmund Burke) o Norteamérica (Alexander Hamilton), o Tocqueville en el siglo XIX, al referirse a la tiranía de la mayoría²³. Pues bien, la democracia populista y el populismo son fenómenos similares pero no iguales en opinión de diversos autores (García, 2012). Sin embargo, desde mi punto de vista y a los efectos de simplificar el presente análisis, considero que si el populismo es la ideología, la democracia populista sería el régimen instaurado en caso de que aquélla lograse alcanzar el poder.

Una vez señalada la línea evolutiva entre el movimiento del 15-M y Podemos, así como la identidad populista de este último, procede, finalmente, analizar si el nuevo discurso independentista catalán contiene notas características del populismo que recorre España.

V ] Identidad y política en Cataluña: un nacionalismo del siglo XXI

El estudio del nacionalismo como fenómeno aislado no resulta relevante para este trabajo. Por el contrario, sí que se observa como fundamental el análisis de las características que el nacionalismo catalán presenta en la actualidad. Sin embargo, si bien no parece pertinente un análisis del nacionalismo catalán como tal, sí que lo es enmarcarlo o definirlo bajo alguna estructura o modelo. Atendiendo a la distinción realizada por algunos autores, puede señalarse la existencia de un nacionalismo político y un nacionalismo cultural (De Blas, 1994). El primero destaca por su funcionalidad y pragmatismo, dado que genera una fuente de legitimidad y lealtad hacia un Estado-nación que, en el mundo occidental, se ha terminado transformando en una realidad equiparable al sistema político liberal-democrático²⁴. Por su parte, el nacionalismo cultural acentúa rasgos más emotivos y comprometidos, menos acordes con una lógica instrumental²⁵.

Pues bien, el caso catalán podría considerarse como un híbrido entre ambos modelos, en el que ha predominado uno u otro a lo largo de la historia, siendo hoy en día más fuerte su faceta política que la cultural. Es además un ejemplo histórico de nacionalismo ampliamente estudiado²⁶ y con un gran significado tanto en el contexto español como en el europeo, además de ser un elemento que se remonta al siglo XIX. Se trata de un caso paradigmático de nación sin estado en cuyo marco, aunque han ido cambiando las señas de identidad de Cataluña a lo largo del tiempo, el discurso nacionalista predominante se ha asentado esencialmente sobre elementos culturales, ostentando la lengua catalana el papel protagonista en este aspecto.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, lo que se observa como una novedad, y que por ende es verdaderamente relevante a los efectos del presente estudio, es la forma que han adoptado las reivindicaciones nacionalistas catalanas en el último lustro. Así, el nacionalismo catalán ha optado por la deriva independentista, cuyo apoyo era hasta hace bien poco minoritario.

Por vez primera desde la Transición Española, el fenómeno del nacionalismo catalán ha creado la estructura y sentado las bases para que pueda plantearse la posibilidad real de construir un estado catalán independiente. Y para lograrlo se han diseñado las estrategias políticas pertinentes, además del fuerte apoyo que el proyecto secesionista ha encontrado en la población catalana (Clua i Fainé, 2004).

Este proyecto se conoce como el proceso soberanista catalán o procés. Llegados a este punto, creo conveniente hacer referencia a la evolución reciente del nacionalismo catalán en sede política, lo que conduce, de manera inexorable, a un breve análisis jurídico de la situación.

Pues bien, dicho análisis debe remontarse a no antes del año 2003, cuando las elecciones al Parlamento de Cataluña (en adelante, Parlament) dieron lugar a un gobierno de coalición tripartito, conformado por Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA). Esta coalición tenía como objetivo principal poner en marcha un mecanismo de reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar las cotas de autogobierno de Cataluña. Y así sucedió tras el voto mayoritario del Parlamento en 2005. Ahora bien, cuando la propuesta de reforma fue presentada ante el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlament a pesar de que el candidato socialista a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (y ganador de las elecciones de marzo de 2004), se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo.²⁷

Sin embargo, sí que se aprobó, en marzo de 2006, una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales. Tras su aprobación en Madrid, el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña, si bien ERC, principal impulsor de la propuesta de reforma del Estatuto en 2005, consideró insuficiente el nuevo texto, criticando duramente después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España, lo que provocó su voto contrario a la ratificación.

El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9% de participación, el sí obtuvo un 73,2% y el no un 20,6 %. El nuevo Estatuto perseguía esencialmente un aggiornamento que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno y sociedad catalanes, así como el reconocimiento de la singularidad de Cataluña (Tornos, 2011)²⁸.

Durante 2009 y 2010 se celebraron consultas no oficiales sobre la independencia de Cataluña en 512 municipios de Cataluña, con una amplia mayoría de votos favorables, si bien con una exigua participación.

El 28 de junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que supuso un nuevo recorte del texto aprobado por el Parlament cinco años antes. La sentencia resolvía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2006 por el Partido Popular, al que siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de cinco comunidades autónomas.

Parece aceptado en la comunidad académica y entre los analistas políticos que la irrupción del independentismo catalán en su versión más agresiva se ha producido a raíz de la crisis económica de 2008, junto a la citada sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010. Además, el Alto Tribunal señaló la falta de eficiencia jurídica las menciones que en el preámbulo del Estatuto se referían a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.

La resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP supuso la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico. Según algunos analistas, la sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso.²⁹ Por otra parte, sería erróneo reducir lo que sucede en la actualidad a una mera consecuencia de este fenómeno. Y es aquí donde debe analizarse la fuerte irrupción de la ciudadanía en el juego del nacionalismo catalán.

La decisión del Alto Tribunal generó un profundo descontento entre los partidos que habían impulsado el Estatuto (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA) y les llevó a apoyar una manifestación de protesta organizada por la entidad de defensa de la cultura catalana en julio de 2010 bajo el lema Som una nació. Nosaltres decidim (Somos una nación. Nosotros decidimos).

En las elecciones autonómicas de 2010, dos partidos que pedían la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña obtuvieron representación en el nuevo parlamento: ERC y Solidaritat Catalana per la Independència. Artur Mas, que quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una transición nacional hacia la aplicación plena del derecho a decidir de los catalanes. Según Mas, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de 2006 había dado por terminado el pacto constitucional entre Cataluña y España, y el proceso de transición nacional seguiría el camino marcado por la manifestación realizada el 10 de julio anterior que, con el lema Som una nació. Nosaltres decidim.

Este derecho a decidir quedó plasmado en el interés de los partidos independentistas de realizar una consulta a la ciudadanía catalana. Así, en diciembre de 2013 se formuló una pregunta con dos apartados en el referéndum: (i) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y (ii) En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?

Es preciso señalar aquí que la Constitución Española de 1978 permite la participación política ciudadana y la ley orgánica 2/1980 de 18 de enero regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico, que según la legislación debe estar autorizado por el Estado español. Sin embargo, el Estatut de 2006 introdujo en su artículo 122 la noción de que la Generalidad de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar consultas. Competencia que el Tribunal Constitucional restringió, sin embargo, mediante la ya citada sentencia del 28 de junio de 2010, quedando así desautorizada la celebración de una consulta por parte de la Generalidad.

Partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos niegan que el artículo 150.2 de la Constitución (que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español) sirva para convocar un referéndum, mientras que los partidos pro-independencia catalanes se oponen a esta interpretación.

Haciendo caso omiso a lo señalado por el Alto Tribunal, el Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la décima legislatura de la Cataluña autonómica con posterioridad a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012: En estas elecciones, los partidos independentistas firmaron un pacto de gobernabilidad que incluyó entre sus puntos la denominada Consulta sobre el futuro político de Cataluña.

El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña, la cual dispone que:

De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo de acuerdo con los principios siguientes…³⁰

Los principios dispuestos por el texto son los de diálogo, cohesión social, legitimidad democrática, transparencia, legalidad, europeísmo, papel principal del Parlamento y participación, todos ellos precedidos y legitimados por el de soberanía que se reafirma diciendo que el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano³¹

La respuesta del Tribunal Constitucional ante el desafío soberanista llegó el 8 de mayo de 2013, en una resolución por la que se suspendía esta declaración cautelarmente al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró un acto de poder constituyente y un desafío abierto contra la Constitución³². Por su parte, el gobierno de la Generalidad de Cataluña creó un Consejo Asesor para la Transición Nacional con el fin de asesorar a la Generalidad en el proceso de transición nacional de Cataluña y lograr la tan ansiada consulta.

El 26 de junio de 2013 tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la reunión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, formado por cuarenta partidos, sindicatos y asociaciones.

Ante una eventual negativa del Gobierno a la aprobación de una consulta legal sobre la independencia de Cataluña o el impedimento absoluto de una consulta mediante la ley catalana por parte de las instituciones estatales, el presidente Mas declaró el 5 de septiembre de 2013 que optaría por convocar unas elecciones en clave plebiscitaria.

La Asamblea Nacional Catalana durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Haciendo caso omiso a las actuaciones del Gobierno central y la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional los representantes parlamentarios independentistas continúan con sus acciones políticas. Tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anuncia que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta doble, anteriormente señalada: (i) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y (ii) En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?.

La respuesta del Gobierno de España, fue inmediata, advirtiendo que la convocatoria de tal referéndum no tendrá lugar por contravenir la Constitución. No obstante, el 16 de enero de 2014 el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalidad de Cataluña pueda celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña.

El 25 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional determinó finalmente que esta declaración de soberanía (que, tal y como se ha señalado, ya había sido suspendida cautelarmente en mayo de 2013) era inconstitucional y nula y, por tanto, no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña³³ En su resolución, el Alto Tribunal dispone que el llamado derecho a decidir no es sino el derecho de participación política que existe en Cataluña y en toda España, siempre que se aplique la legalidad existente sobre soberanía, referéndums, consultas y competencias propias de cada administración del Estado, parcelas estas que deberán ser respetadas por todos los poderes públicos, para que se reconozca la legitimidad en el origen de sus actos políticos. Además, a este golpe al independentismo catalán se unió en abril de 2015 el rechazo por parte del Congreso de los Diputados de la petición para realizar un referéndum consultivo.

Sin embargo, haciendo una vez más caso omiso a Madrid, el gobierno de la Generalidad continuó con su proceso de realización de consulta. El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizaron una concentración bajo el lema Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo, formando los concentrados una ‘V’ que simbolizaba las palabras ‘voluntad, votar y victoria’.

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, los partidos CIU-ERC apoyaron la iniciativa parlamentaria para elaborar una Ley de consultas no refrendarias con la intención de facilitar un nuevo marco legal de consultas. De esta forma, se empezó a elaborar una nueva ley de consultas que amparase la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre, construyendo un sistema legal alternativo al de un posible referéndum. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado. El 19 de septiembre, la ley de consultas fue aprobada en el pleno del Parlament, y publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, poco antes de ser convocada oficialmente la consulta. Consulta a todas luces ilegal puesto que, tal y como señalaba el Tribunal Constitucional en su sentencia de marzo de 2014, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España³⁴.

El 27 de septiembre de 2014, Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta. El presidente señaló que había llegado el momento de ejercer el derecho a decidir y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado.

La mañana del 29 de septiembre tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo de ministros en la que se aprobaron dos recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados al Tribunal Constitucional. Ese mismo día, fue convocado de forma excepcional un pleno del Tribunal Constitucional en el que se admitieron a trámite los recursos presentados por el gobierno quedando suspendida cautelarmente la consulta.

Al día siguiente de la suspensión, el gobierno de Cataluña anunciaba la suspensión cautelar y temporal de la campaña del 9N, evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal y anunció que tomaría medidas legales para levantar la suspensión. Para ello, el 1 de octubre, el gobierno de Cataluña presentó un recurso contra la impugnación de la consulta. Esta argumentó un genérico derecho de participación de la ciudadanía en procesos electorales tratando de diferenciar consultas, referéndums y vinculación de los mismos.

Después de proclamar que se acataba la suspensión cautelar de la consulta del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional, el 13 de octubre, tras una reunión con los partidos soberanistas, el presidente Mas afirma que la consulta ya no podrá celebrarse en los términos previstos y plantea alternativamente trasladar sus posibles responsabilidades legales mediante un proceso de participación ciudadana. Al día siguiente anuncia públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando los recursos de la Generalidad de Cataluña pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la ley de consultas que no había sido suspendida.

Con este fin, el Gobierno de la Generalidad se comprometió a financiar e impulsar lo que redenomina como proces participatiu (proceso participativo). Para ello se cambia la forma de actuar administrativamente, sin dejar constancia documental publicada de las órdenes impartidas, con el objetivo de realizar la misma consulta que la descrita en el decreto suspendido cautelarmente por los tribunales. Además, se puso en marcha una página web en la que se reclutan voluntarios denominada participa2014.cat. Ante esta nueva situación, el gobierno de España empezó a estudiar si esta nueva consulta planteada por Mas sería legal y si sería recurrible. Más tarde, el gobierno declaró que había comenzado los trámites para recurrir la nueva consulta solicitando un nuevo informe al Consejo de Estado para valorar una posible impugnación del nuevo proceso anunciado por Mas.

El 2 de noviembre de 2014, tras la reunión del Consejo de ministros, el gobierno de España confirmó que impugnaría la nueva consulta. 2 días después, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por el gobierno contra las actuaciones de la Generalidad de Cataluña relativas a la convocatoria de esta consulta y esta quedó suspendida cautelarmente.180

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaba con el proceso participativo y que presentaría un recurso contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo alegando que este vulneraba los derechos de participación, de libertad expresión y libertad ideológica. El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por la Generalidad ya que el acuerdo del consejo de ministros cuestionado no es un acto susceptible de recurso contencioso y la impugnación correspondería al Tribunal Constitucional. Además, el recurso llegó tarde ya que el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite los recursos del gobierno de España. A todo esto se une que el Supremo no tiene competencia para enjuiciar las resoluciones del Constitucional. Sin embargo, a pesar de todo, la consulta soberanista tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014.

El 11 de junio de 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció y declaró inconstitucionales los actos impugnados por el gobierno, destinados a la realización del proceso participativo por parte de la Generalidad de Cataluña. Estas actuaciones eran, según afirmó el tribunal, inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional³⁵

El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunciaba en una rueda de prensa el adelanto de las elecciones autonómicas para el día 27 de septiembre de 2015 y que éstas tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña. A pesar de que el 25 de febrero el Alto Tribunal confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N, un mes después los partidos independentistas pactaban la hoja de ruta del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses si los partidos soberanistas ganaban las elecciones plebiscitarias previstas para el 27 de septiembre. Al día siguiente, el presidente Mariano Rajoy les advirtió que ningún Gobierno de España iba a autorizar la ruptura de la soberanía nacional.

La plataforma Ara es l'hora (Ahora es la Hora) organizó, durante la fiesta del Día 11 de septiembre de 2015, la llamada Vía Libre a la República Catalana; una convocatoria de masas que ocupó un tramo de 5,2 kilómetros de la Avenida Meridiana de Barcelona con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña.

En las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, a pesar de que los partidos a favor de la independencia (la CUP Junts pel Sí) y de Cataluña no ganaron las elecciones en cuanto a número de votos, sí que lo hicieron en escaños. Así, los principales dirigentes de Junts pel Sí afirmaron que los resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar el proceso de constitución de una República Catalana.

El 27 de octubre de 2015, un día después de la constitución del nuevo parlamento, los grupos parlamentarios de la CUP y Junts pel Sí registraron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución en la que se instaba a declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república³⁶. Esta fue aprobada el 9 de noviembre.

El mismo día en el que se aprobaba la resolución en el Parlamento, Rajoy inició los trámites para presentar un recurso al Tribunal Constitucional pidiendo un informe al Consejo de Estado. El 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró inconstitucional la declaración.

Tras la elección del nuevo presidente autonómico Puigdemont en enero de 2016, Junts pel Sí y la CUP iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N, al registrar en el Parlament la petición para crear las tres ponencias correspondientes, pese a que la declaración fue anulada por el Tribunal Constitucional. Un mes más tarde, el 7 de abril, el pleno del Parlament aprobó, por 71 votos a favor y 52 en contra, una moción reivindicando la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, la debilidad del gobierno del estado español, por tratarse de uno en funciones desde el mes de diciembre de 2015 hasta finales de octubre de 2016, ha hecho que por primera vez desde febrero de 2015 el sí a la secesión gane (47,7%) al no (42,4%)³⁷. Y cada uno de los contendientes; el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad, mantienen sus posiciones. Esto quedó ratificado por lo señalado por Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso el 29 de octubre, minutos después de ser investido Presidente del Gobierno por segunda vez. El presidente destacó, una vez más, que ningún Gobierno de España iba a autorizar la ruptura de la soberanía nacional

Todo lo descrito acerca de la línea temporal del desafío soberanista catalán no hace sino poner de manifiesto su actitud de desacato e ilegalidad ante lo dispuesto por el estado español. No corresponde aquí analizar las vicisitudes jurídicas e históricas que pueda argumentar el independentismo catalán para lograr su objetivo, sino presentar la cultura política que esgrime el independentismo y la actitud de sus partidos y líderes políticos. Y el recurso a la democracia plebiscitaria, junto a las continuas tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Parlament, sacan a relucir el marcado cariz populista de sus actuaciones.

En definitiva, se observa cómo el proceso soberanista ha quedado envuelto en una estructura de acción política ciudadana que viene de la mano de los procesos de movilización y rebelión ciudadana que han surgido en los países del sur de Europa en los últimos cinco años, que en el caso de España, se identifica con los indignados y el movimiento del 15-M. De esta forma, han coincidido en los últimos años el paso de una demanda de Estatuto de Autonomía a la proclama de la independencia, y el cambio del catalán cabreado al ciudadano indignado (Feixa y Nofre, 2013). La cuestión es dilucidar si estos dos cambios se han dado de forma paralela o bien se han producido intersecciones entre los dos fenómenos.

Se ha analizado con anterioridad que el movimiento del 15-M no es sino una revolución democrática radicalmente opuesta a lo que sucedió en la Transición, tratada anteriormente. Así, si la Transición fue un proceso de democratización impulsado desde arriba (Linz y Stepan, 1990), el del 15-M vino desde abajo, proclamando la ruptura con el modelo de democracia actual y exigiendo el reconocimiento de la mayoría de edad de la ciudadanía para decidir su futuro. Sin embargo, corresponde ahora determinar la relación entre el populismo de Podemos (resultado de la estructuración del 15-M) y el nacionalismo catalán.

En la política catalana se ha observado en los últimos años el surgimiento de nuevos actores que rechazan la etiqueta partido para asumir, en cambio, lemas inclusivos, transversales y que apelan a valores, tales como Plataforma, Solidaridad Catalana por la Independencia, Candidatura de Unidad Popular, y que podrían ser considerados como formaciones populistas (Casals, 2013). Hoy en día se considera Barcelona como zona cero del populismo en España, y es que el eco del 15-M madrileño llego a Cataluña antes y con más fuerza que a cualquier otro lugar. Así, es en esta comunidad donde el fenómeno populista se ha producido primero y donde tiene mayor fuerza, y desde allí se ha expandido a otros territorios, como es el caso de Compromís-Podemos, Barcelona en Comú, Ahora Madrid, Zaragoza en Común, Marea Atlántica o Las Palmas de Gran Canaria Puede.

El populismo nacionalista encuentra su expresión en el caso catalán con la demanda de creación de un nuevo Estado donde se depositan las esperanzas e ilusiones de cambio. Así, en el proceso soberanista coinciden los independentistas que ponen el acento principal en la cuestión nacional, con ciudadanos con un perfil más social que buscan en el nuevo estado el medio o instrumento que les permitirá conseguir su objetivo final de construir una sociedad mejor. En relación con este último grupo, es preciso mencionar el carácter cuasi-sacro con el que parece revestida la democracia plebiscitaria catalana de los últimos años, tal y como ha quedado reflejado en la descripción del proceso soberanista realizada anteriormente. En consecuencia, se disfruta de un amplio consenso catalanista porque quedan asociadas la política institucional y la de la calle, que reclama una expresión directa de la voluntad popular y no mediatizada por partidos o instituciones (Casals, 2013).

De esta manera el procés ha conseguido vehiculizar las ilusiones y esperanzas de la ciudadanía movilizada para el cambio social; se ha convertido en el discurso político hegemónico y más visible en el espacio público catalán hoy, siendo esto algo percibido no solo a nivel regional sino en todo el ámbito nacional. Cataluña conforma así en la actualidad un microcosmos populista único y novedoso que, autores como Xavier Casals³⁸ aducen a razones concretas:

(i) Se ha producido la erosión más acentuada de los grandes partidos y han aparecido más actores políticos nuevos.

(ii) El asunto lingüístico tiene más fuerza que en cualquier otra región histórica

(iii) Se ha desarrollado un populismo plebiscitario más copioso.

(iv) Se ha generalizado la cultura de insumisión cívica.

(v) La capital, Barcelona, disfruta de una larga tradición de movilizaciones ciudadanas

El profesor Antonio Elorza defiende el marcado cariz populista que ha adoptado la versión actual del nacionalismo catalán, señalando que lo que verdaderamente está en peligro en Cataluña es la democracia, antes que la independencia. El discurso tradicional populista adquiere una especial virulencia cuando sus banderas son tremoladas por partidos identitarios, como sucede en Cataluña (Taquieff, 2005). Y es que se produce un auténtico secuestro del nacionalismo a manos del populismo, o más bien una relación parasitaria donde el segundo se nutre del primero para conseguir sus fines.

De esta forma, el populismo catalán vive enrocado en el sistema, subvencionado en todas sus manifestaciones y se nutre del presupuesto de la Generalitat. Este fenómeno viene dándose desde hace más de una década. Sin embargo, la novedad es que el nuevo nacionalismo de Ada Colau y Barcelona en Comú poco tiene que ver con el nacionalismo de Artur Mas. No, el de hoy en día es un nacionalismo descamisado; un nacionalismo populista… y de izquierdas. Y en este nuevo modelo, la democracia plebiscitaria de cariz populista se encuentra sacralizada, de forma que la asociación entre la política institucional y la de la calle es perfecta y sin intermediarios.

El populismo derechista y empresarial de Mas englobó bajo el paraguas de la independencia a todo un conjunto de asociaciones y partidos pro-independencia que abarcaba en líneas generales todo el espectro político, aunándose así esfuerzos para lograr la meta común de la separación de España. La independencia adoptó así un protagonismo sin parangón, de forma que se antepuso a cualquier otra demanda política como una suerte de objetivo pre-político o proto-político; como punto de partida y condición para todo lo que llegase a partir de ahí. La sentimentalización de la política catalana llegó con Mas a su punto álgido, especialmente desde la campaña electoral de finales de 2014, que trajo consigo la aceleración del procés. Pero entonces y hasta ese momento, el catalanismo estaba emparentado con el populismo de derechas europeo (cuyo máximo representante en la actualidad es la formación del Frente Nacional Francés). La simbiosis para algunos o relación parasitaria para otros introdujo nuevos conceptos en el nacionalismo catalán y, en mi opinión, se pervirtió la propia propuesta nacionalista.

El secuestro del nacionalismo a manos del populismo lleva por esencia en su seno el concepto de comunidad y trae consigo un fuerte hermetismo en el sentido de pertenencia a algo común tanto por identificación hacia dentro como por oposición hacia fuera. Es inevitable recordar aquí la dicotomía pueblo-élite por oposición tan característica del populismo y analizada más arriba.

El nacionalismo es una postura de una comunidad, o de comunidades, frente a otras comunidades. La cultura política del nacionalismo se refiere a las relaciones de mando y obediencia que existen no entre los propios individuos de una comunidad nacional, sino a las relaciones que existen entre comunidades nacionales. Y si el nacionalismo, referido sólo a las relaciones al interior de la sociedad nacional, reclama igualdad entre sus miembros, del mismo modo la exige cuando se refiere a la comunidad internacional. El nacionalismo, en los países atrasados, es tanto una postura que ofrece a los miembros de su propia comunidad identidad e igualdad, como una postura, defensiva, ante otras comunidades³⁹.

Como se ha mencionado anteriormente, todo esto es previo a la era Colau e incluso podría decirse que anterior a la etapa de Mas, remontándose hasta el periodo pujolista. La lengua, el discurso plagado de recetas tan simples como demagógicas del estilo de España nos roba o La culpa es de Madrid, la figura del líder, el concepto de pueblo catalán… todos ellos elementos de manual de teoría política populista. Elementos que no se han modificado en lo esencial desde la irrupción del fenómeno Colau, por lo que el secuestro del nacionalismo por el populismo de forma que el segundo se sirviese del primero para lograr sus objetivos es algo anterior. Lo que sí se ha modificado es la ideología que, como se ha mencionado antes, si antes era derechista, ahora está en el extremo izquierdo del panel. Así, puede concluirse que el populismo-nacionalista catalán no es fruto del 15-M o del fenómeno Podemos, sino que éstos han aportado la novedad en lo referente a la ideología. Han creado un nuevo tipo de populismo, sustituyendo el anterior por el actual.

En mi opinión, cualquier utilización del nacionalismo por parte del populismo es una perversión del primero; una auténtica negación del mismo. Y es que en el nacionalismo el pueblo ya conformaba el poder controlador. Sin embargo, con el populismo, la necesidad de ganarse la adhesión de las masas se convierte en un programa que, en un nivel imaginario, coloca dichas masas (al pueblo) al centro de la nación y del Estado⁴⁰. Y es ante este panorama cuando puede afirmarse que el nacionalismo es la forma más perniciosa del populismo⁴¹.

En definitiva y a grandes rasgos, el populismo adquirió un carácter nacionalista al adoptar éste una forma de nacionalismo; al hacer converger en su estructura los conceptos de nación y pueblo. Y en la actualidad, el nacionalismo de masas y de izquierdas, antes nacionalismo de élite y de derechas,  ha cambiado el contenido ideológico por un discurso retórico, buscando una orientación más pragmática.

V ] Conclusiones

No se habla en la actualidad de populismo en nuestro país como un fenómeno propio de un régimen bolivariano ubicado al otro lado del Atlántico, sino debido a su presencia en España. Así, a lo largo de este estudio se han constatado las siguientes afirmaciones:

(i) El movimiento de los indignados del 15-M no es únicamente una reivindicación social sino una reactivación desde abajo de la cultura política española caracterizada por su baja intensidad ciudadana como resultado de las imperfecciones de la Transición.

(ii) El fenómeno del 15-M es precursor y caldo de cultivo para la creación del partido político Podemos, heredero de aquél e instrumento para alcanzar el poder.

(iii) Podemos se configura como un partido político de ideología populista, especialmente en lo que a su discurso se refiere. Esta afirmación se realiza, en particular, con base en la creación de las realidades antagónicas de casta-pueblo.

(iv) La nueva versión del nacionalismo catalán en su deriva independentista se ha teñido de tintes populistas con carácter previo a la irrupción del 15-M y Podemos. No obstante, en los últimos años se ha producido un viraje a la izquierda en cuanto al tipo de populismo.

Es evidente que la democracia liberal y pluralista de la España actual no funciona bien y que quizá no se estén llevando a cabo suficientes intentos para sanarla. Tanto es así que lo hasta hace bien poco aceptable ha dejado de serlo, teniendo como resultado el surgimiento del populismo, que emerge como un monstruo engendrado por las imperfecciones y deficiencias de la democracia española. Ahora bien, considero que la tentación que presenta el populismo como sistema que pueda traer consigo una mejor calidad democrática, ha de ser rechazada. Y el motivo no es otro que la supervivencia de la propia democracia ya que, el populismo es un peligro que amenaza destruir la propia democracia (…) ha significado siempre, en los países y momentos más diversos de la historia, el rechazo de todas las instituciones y de todos los sistemas de representación, pero también de todos los esfuerzos de libertad de pensamiento en nombre de la esencia del pueblo⁴².

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Fecha de recepción: 31 de octubre de 2016

Fecha de aprobación: 4 de enero de 2017